La reforma del sistema público de pensiones continuará su aplicación progresiva en 2026 y volverá a impactar directamente en los trabajadores y trabajadoras. A partir del 1 de enero del próximo año, la edad ordinaria para acceder a la jubilación se situará en 66 años y 10 meses, lo que representa un nuevo retraso dentro del calendario establecido por la reforma aprobada en 2011.
Esta normativa contemplaba un aumento gradual de la edad de retiro, que culminará en 2027 con la implantación definitiva de los 67 años como edad legal de jubilación para quienes no hayan cotizado el tiempo suficiente. En 2026, solo podrán jubilarse a los 65 años aquellas personas que acrediten al menos 38 años y 3 meses de cotización a la Seguridad Social. En caso de no alcanzar ese periodo, deberán esperar casi hasta los 67 años para retirarse con el cien por cien de la pensión correspondiente.
Este nuevo escalón en la edad de retiro afecta de forma significativa a amplios sectores de la clase trabajadora, especialmente a quienes tienen trayectorias laborales más precarias, interrumpidas o con empleos a tiempo parcial.
El sindicato USO advierte que esta medida representa un claro recorte de derechos y un endurecimiento de las condiciones para acceder a una jubilación digna. Consideran que muchas personas, en especial mujeres y trabajadores de sectores con alta rotación, se verán obligadas a permanecer en activo más allá de los 66 años, pese a haber desarrollado una vida laboral extensa. La organización rechaza los efectos de esta reforma, que a su juicio penaliza de manera injusta a quienes ya enfrentan dificultades para sostener sus ingresos en la etapa final de su carrera profesional.
Además del retraso en la edad ordinaria, también se modifican las condiciones de acceso a la jubilación anticipada. En la modalidad voluntaria, será posible retirarse a los 63 años si se han cotizado al menos 38 años y 3 meses.
Si no se alcanza ese tiempo, la edad mínima será de 64 años y 10 meses. En cuanto a la jubilación anticipada involuntaria, se podrá acceder a los 61 años con la cotización suficiente, o a los 62 años y 10 meses en caso de no haber llegado al umbral exigido. En todos los casos, el acceso conlleva reducciones en la cuantía de la pensión. USO recuerda que estas opciones anticipadas no son accesibles para muchos trabajadores, debido a las condiciones estrictas de cotización y la complejidad del proceso.
La jubilación parcial seguirá existiendo, pero con requisitos cada vez más estrictos. Si no se dispone de un contrato de relevo, la edad mínima será la misma que para la jubilación ordinaria. Con contrato de relevo, se podrá acceder a los 62 años y 10 meses si se han cotizado al menos 33 años, o a los 64 años y 8 meses con menos tiempo cotizado.
Sin embargo, el sindicato denuncia que el personal funcionario y estatutario aún no puede acogerse a esta fórmula por falta de desarrollo normativo, a diferencia del personal laboral, que sí puede beneficiarse tras los acuerdos firmados en 2025. Desde USO exigen que se garantice el acceso a esta modalidad para todo el personal del sector público.
En el régimen de clases pasivas, se mantienen las condiciones diferenciadas. Se podrá acceder a la jubilación voluntaria a los 60 años, siempre que se acrediten 30 años de servicios efectivos al Estado. La jubilación forzosa se sitúa en los 65 años, aunque puede ampliarse hasta los 70 para determinados colectivos. También se contempla la jubilación por incapacidad permanente, sin edad mínima.
Las pensiones se revalorizarán en 2026: las contributivas y clases pasivas aumentarán un 2,7 %, las mínimas un 7,07 %, y las no contributivas un 11,4 %. USO considera que estas subidas siguen siendo insuficientes ante el coste de la vida y reclama pensiones que garanticen una vejez digna.
