Jesús Romero, diputado-delegado de Universidades del Gobierno melillense, ha detallado en estos días cuáles son los objetivos del plan que se está desarrollando de cara a la gestión de una de las tres líneas estratégicas básicas para la reconversión económica de la ciudad a través de un nuevo modelo productivo. Una de esas metas, posiblemente la más llamativas, es conseguir una "universidad urbana"; es decir, disponer de infraestructura universitaria por distintas zonas de la ciudad. Según Romero, se trata de un concepto distinto al que existe hasta ahora en lugares como Granada, donde las facultades y todas las instalaciones se concentran en un mismo punto.
Y de ahí que el diputado popular defienda el uso del edificio del antiguo comarcal como Facultad de Ciencias de la Salud, residencia de estudiantes e incluso sede de un futuro grado de Medicina por la posibilidad de disponer allí de un "hospital de simulación" dotado de tecnologías avanzadas, robótica y quirófanos preparados para la enseñanza de vanguardia. La idea del Gobierno local, sin embargo, choca con lo que quiere la Delegación, que ya dejó de manifiesto que el Ejecutivo central tiene sus propias iniciativas para esas desocupadas instalaciones.
Según han afirmado recientemente fuentes oficiales del organismo gubernamental, ellos ya tienen varias opciones para el recinto y en su momento anunciarán cuál es la escogida cuando esté todo “cerrado y coordinado”. En definitiva, que cierra la puerta al uso universitario que pretende la Ciudad Autónoma porque, además, no se fían de los intereses que el equipo del PP alberga para ese edificio. De hecho, las mismas fuentes oficiales de la Delegación dejaron de manifiesto su desconfianza al afirmar que se desconoce para qué quiere la Ciudad ese terreno, si para el beneficio de la ciudadanía melillense o “para otro tipo de intereses”, aunque se inclinan más por esta segunda opción.
Sin embargo, la titular de la Delegación del Gobierno, tratando de dar una imagen de institucionalidad que le queda muy grande, aseguró que está por la labor de tender la mano al Ejecutivo de Imbroda en beneficio de todos los ciudadanos melillenses. Poca credibilidad tiene semejante afirmación por su parte, máxime cuando está sobre la mesa esta cuestión del hospital comarcal, los problemas de la sanidad pública (la Ciudad pidió una encomienda de gestión que le fue negada), los conflictos por el suministro de agua o el tratamiento de los ríos y arroyos de Melilla, y el agravio comparativo con Ceuta con respecto a la cesión de terrenos por parte del Ministerio de Defensa.
