Crecen las críticas a la ministra por la externalización de servicios sanitarios en Melilla

La ministra de Sanidad, Mónica García, afronta una oleada de críticas por parte de ciudadanos, partidos políticos y medios de comunicación a raíz de la creciente externalización de servicios médicos en Melilla. La decisión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo dependiente de su ministerio, de contratar empresas externas para cubrir especialidades en el Hospital ha sido interpretada por muchos sectores como un nuevo síntoma del deterioro del sistema público de salud en la ciudad melillense.

Según ha publicado Estrella Digital, el Ejecutivo ha licitado contratos por más de 2,6 millones de euros para que empresas privadas asuman consultas de especialidades como Dermatología, Cardiología, Traumatología o Digestivo. Esta medida, que se presenta como una solución temporal ante la escasez crónica de facultativos, ha sido recibida con indignación por los usuarios del sistema sanitario en Melilla, que denuncian una situación insostenible en la atención médica y acusan al Ministerio de abandonar sus responsabilidades.

“Que la ministra venga aquí a tratarse cuando esté enferma, a ver si aguanta nuestras listas de espera”, expresó una ciudadana en declaraciones recogidas por OkDiario. La frase, que se ha viralizado en redes sociales, resume el malestar de una población que siente que se le niega el derecho a una sanidad pública de calidad en igualdad de condiciones con el resto del territorio nacional.

Las quejas no se limitan al plano ciudadano. El Partido Popular ha exigido públicamente la dimisión de Mónica García por su gestión de la sanidad en Ceuta y Melilla. En un duro comunicado, el PP acusó a la ministra de haber agravado una situación que ya era precaria, señalando que “ni la sanidad de Ceuta ni la de Melilla, y mucho menos sus ciudadanos, se merecen una ministra como usted”.

El partido denuncia que el Gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz para revertir el déficit estructural de especialistas ni ha articulado un plan realista para reforzar la atención primaria y hospitalaria en ambos territorios extrapeninsulares.

Desde el Ministerio de Sanidad se justifica la contratación de servicios privados como una medida puntual y necesaria para garantizar la cobertura asistencial ante la falta de profesionales. No obstante, esta explicación no convence ni a ciudadanos ni a profesionales del sector, que ven en esta estrategia una “huida hacia adelante” y un modelo que, lejos de resolver el problema, consolida una sanidad fragmentada y desigual.

Los problemas sanitarios de Melilla no son nuevos. Desde hace años, la ciudad sufre una alarmante escasez de personal sanitario, con dificultades para atraer y retener especialistas. A ello se suma la sobrecarga asistencial, los largos tiempos de espera y una infraestructura hospitalaria que muchos consideran insuficiente.

Sin embargo, en lugar de reforzar las plantillas con incentivos laborales, facilitar la formación de especialistas o mejorar las condiciones del personal, el Gobierno central ha optado por mantener la dependencia de empresas privadas para cubrir servicios esenciales.

El caso de Melilla es especialmente sensible por tratarse de una ciudad que, junto con Ceuta, depende directamente de la gestión estatal en materia de sanidad, al no tener transferidas las competencias como las comunidades autónomas. Esto convierte al Ministerio en el único responsable de la situación actual, y también en el objetivo directo de las protestas.

La figura de Mónica García, médica de profesión y activista sanitaria antes de entrar en política, ha quedado fuertemente cuestionada en este contexto. Su imagen de defensora de la sanidad pública se ve ahora enfrentada a una realidad en la que se multiplican los contratos privados y se debilita la atención directa desde el sistema público.

Además de la crítica coyuntural, la polémica ha reabierto un debate más amplio sobre el modelo de gestión sanitaria en territorios extrapeninsulares y las desigualdades que sufren sus habitantes en comparación con el resto del país. Tanto Ceuta como Melilla padecen un déficit histórico de especialistas, infraestructuras limitadas y dificultades logísticas que, según denuncian desde diversos sectores, no han sido abordadas con la seriedad necesaria por los distintos gobiernos centrales.

Mientras tanto, la población melillense sigue enfrentándose a una atención médica condicionada por la falta de recursos, con demoras en pruebas diagnósticas, consultas especializadas y tratamientos que en muchos casos requieren desplazamientos fuera de la ciudad. En este contexto, la sensación de abandono institucional se ha acentuado y el debate sanitario se ha convertido en un asunto prioritario para miles de ciudadanos.

Por el momento, ni el Ministerio ni Ingesa han anunciado un plan integral que contemple una solución estructural a medio y largo plazo. La falta de personal, la dependencia de empresas externas y la falta de transparencia en la gestión alimentan el descontento, mientras la presión social y política sobre la ministra continúa en ascenso.