El Gobierno de España ha reafirmado que Melilla es "una prioridad" en su acción política, según recoge el balance correspondiente al cierre del año. El documento oficial destaca una serie de medidas, inversiones y reformas impulsadas en los últimos años con impacto directo en la ciudad, en ámbitos como sanidad, educación, empleo, servicios sociales, infraestructuras, vivienda, digitalización o movilidad sostenible.
Entre los datos más relevantes aportados en este balance anual se encuentra el aumento de los contratos indefinidos en un 214% respecto a 2019, alcanzando los 6.517 en la actualidad. La afiliación a la Seguridad Social también ha crecido, con 2.186 ocupados más que en noviembre de 2018, lo que sitúa la cifra total en 25.768 trabajadores registrados en la ciudad.
En materia de pensiones, se ha producido una revalorización significativa. La pensión media en Melilla se sitúa actualmente en 1.601 euros mensuales, lo que supone un incremento de 453 euros respecto al año 2018. Las pensiones mínimas han subido un 6% y las no contributivas un 9%. Además, el salario mínimo interprofesional se ha elevado hasta los 1.184 euros al mes. Ambas medidas, en cualquier caso, no son de índole local sino nacional.
El Ejecutivo también ha aprobado una subida acumulada del 9,5% en las retribuciones de los empleados públicos para el periodo 2022-2024, a la que se suma un incremento adicional del 2,5% este año y una previsión de hasta un 2% para 2026. En total, se prevé que las retribuciones crezcan un 11% entre 2025 y 2028.
En el plano social, se han ampliado los permisos retribuidos por cuidado de hijos, se han aumentado las becas de residencia (de 2.500 a 2.700 euros para el curso 2025-2026) y se han reforzado las prestaciones por dependencia, así como la ayuda a domicilio. También se ha implementado una ayuda de hasta 100 euros para menores de 16 años que necesiten gafas, y se mantiene el bono social eléctrico, que beneficia a 724 hogares en la ciudad. El ingreso mínimo vital alcanza ya a 13.882 personas.
En sanidad, se ha culminado la puesta en marcha del Hospital Universitario de Melilla, con una inversión de más de 150 millones de euros, lo que lo convierte en la obra más importante acometida por la Administración General del Estado en la ciudad. Además, se ha reformado integralmente el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) en Álvaro de Bazán, con casi un millón de euros de inversión.
En educación, destaca la apertura del CEIP Encarna León, con una inversión de casi 12 millones de euros y capacidad para 1.000 alumnos. También se han ampliado las infraestructuras educativas con una escuela infantil en Altos de la Vía, cofinanciada con fondos europeos, y un notable impulso a la Formación Profesional, con más de 30 nuevos ciclos formativos y un aumento del 35% en la matriculación.
En cuanto a infraestructuras estratégicas, se ha modernizado el paso fronterizo de Beni-Enzar con una inversión de 10 millones de euros, incorporando sistemas biométricos y tecnología de gestión automatizada para mejorar la seguridad y fluidez del tránsito.
Sin embargo, la puesta en marcha de la llamada "frontera inteligente" ha sido duramente criticada tanto por los melillenses que se desplazan a Marruecos como por los propios policías. Los continuos fallos del sistema informático provoca grandes retrasos, sin contar con el doble esfuerzo que deben realizar los funcionarios adscritos al servicio, quienes solicitan un refuerzo de plantilla, según ha señalado el secretario general del SUP en Melilla, Jesús Ruíz Barranco.
Melilla ha recibido además casi 100 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los cuales más de la mitad han sido gestionados directamente por el Estado. Este plan ha permitido financiar actuaciones en movilidad sostenible, digitalización, transición ecológica, vivienda, educación, comercio, turismo y cohesión social. Se han ejecutado obras urbanas, ampliado carriles bici, adquirido vehículos eléctricos y apoyado a pymes y autónomos mediante programas como el Kit Digital y el Kit Consulting.
El balance destaca que todas estas actuaciones contribuyen a reforzar el Estado del Bienestar, mejorar los servicios públicos y consolidar un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo en la ciudad.
