Las principales asociaciones profesionales de militares han denunciado el fracaso del Pleno Extraordinario de Retribuciones del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS), convocado para abordar mejoras salariales, pero que finalizó sin acuerdo alguno ni respuestas claras por parte del Ministerio de Defensa. Las entidades ATME, ASFASPRO, AUME y UMT han expresado su profunda indignación ante lo que consideran una nueva muestra de desprecio institucional hacia las condiciones laborales de los militares, lo que ha llevado a algunas de ellas a exigir la dimisión inmediata de la ministra Margarita Robles.
El motivo principal del malestar ha sido la negativa del Ministerio a dar explicaciones sobre el destino de los 679 millones de euros aprobados el pasado 22 de abril en el marco del Plan Industrial y Tecnológico, una partida presupuestaria que, según anunció el Gobierno, incluía fondos destinados a mejorar las retribuciones del personal y aumentar los efectivos de las Fuerzas Armadas.
Las asociaciones aseguran que, a pesar de haber exigido en reiteradas ocasiones el desglose de dicha cantidad, no han obtenido ninguna respuesta concreta, más allá de vaguedades como que “se informará conforme a la normativa vigente”.
El Pleno Extraordinario fue convocado a petición de las propias asociaciones, que esperaban respuestas a una batería de propuestas y exigencias relacionadas con el sistema retributivo de los militares. Sin embargo, según los asistentes, el Ministerio se limitó a reiterar que continúa trabajando en la mejora de las condiciones, pero que no puede adoptar nuevas medidas al no depender exclusivamente de su departamento. Para los representantes de los militares, este argumento constituye una excusa vacía que evidencia la falta de voluntad política real para atender las reivindicaciones del colectivo.
La indignación creció aún más con la ausencia de la ministra de Defensa en un pleno que las asociaciones consideran vital para el futuro del personal militar. En opinión de ATME, la decisión de Robles de no acudir al encuentro y delegar en otros responsables evidencia su escaso interés por los problemas reales de los militares.
La asociación critica que, mientras se destinan miles de millones a la modernización de armamento y tecnología, se mantenga en el olvido a quienes tienen que manejar ese material en el día a día. En un comunicado, expresó que se están priorizando los recursos materiales frente al factor humano, con el riesgo de que pronto se disponga de equipamiento moderno pero sin personal capacitado y motivado para operarlo.
Las asociaciones no ocultan su frustración ante lo que describen como un patrón de abandono institucional que se arrastra desde hace años. Consideran que los militares son los servidores públicos peor retribuidos del Estado, a pesar de la dureza y exigencia de su trabajo. Cuestionan por qué resulta tan fácil aprobar presupuestos para la industria de defensa y, sin embargo, no se destinan recursos suficientes para mejorar la calidad de vida del personal militar.
En su intervención ante el pleno, el presidente de ATME calificó de “inaceptable” la falta de información sobre los millones anunciados para 2025 y señaló que las promesas vacías ya no bastan para calmar el malestar.
La petición más contundente ha llegado por parte de ASFASPRO, AUME y UMT, que han solicitado públicamente la dimisión de la ministra de Defensa, al considerar que su gestión margina a los militares y ningunea sus derechos.
Aseguran que el Gobierno ha optado por ignorar las propuestas legales y legítimas presentadas en el marco del COPERFAS, rompiendo el espíritu democrático del consejo y alimentando un clima de descontento creciente en los cuarteles. Las asociaciones acusan a Robles de haber despreciado sistemáticamente las reivindicaciones retributivas básicas, como la adecuación salarial, la compensación del poder adquisitivo perdido y un trato profesional justo.
El descontento no es nuevo. En diciembre de 2023 ya se celebró un pleno extraordinario por razones similares, sin que se alcanzaran avances significativos. El hecho de que, menos de dos años después, las asociaciones hayan tenido que forzar de nuevo una reunión extraordinaria es para ellas la prueba más clara de que las mejoras retributivas no forman parte de las prioridades reales del Ministerio. Además, recuerdan que, mientras las dietas siguen sin cubrir los gastos reales y la temporalidad continúa expulsando a personal cualificado, Defensa insiste en transmitir una imagen de normalidad que no se corresponde con la realidad en las unidades.
Desde las asociaciones se advierte de que esta situación está generando un efecto disuasorio para quienes contemplan la carrera militar como una opción profesional. La falta de incentivos, la precariedad de las condiciones laborales y el trato institucional percibido como injusto están provocando un descenso en la captación de nuevos efectivos, así como un aumento de las bajas voluntarias y excedencias, especialmente en los empleos más bajos y temporales. Frente a esta situación, las organizaciones representativas del personal militar anuncian nuevas acciones de presión institucional y social hasta que se produzca un cambio de rumbo que devuelva la dignidad al colectivo.
