Guelaya-Ecologistas en Acción ha reclamado públicamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la implantación urgente del sistema de recogida selectiva de residuos orgánicos, conocido como el quinto contenedor, de color marrón. Según ha recordado la entidad, no se trata de una medida opcional o voluntaria, sino de una obligación legal derivada de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que transpone directivas europeas al marco legislativo español.
La organización ecologista señala que Melilla debía haber puesto en marcha esta recogida separada antes del 30 de junio de 2022, al superar los 5.000 habitantes. Sin embargo, en diciembre de 2025 la ciudad sigue sin cumplir esta exigencia, lo que supone una vulneración normativa grave que, de no corregirse, podría derivar en procedimientos sancionadores por parte de la Comisión Europea contra el Estado español, afectando directamente a la administración local y a su presupuesto.
Además del componente legal, Guelaya destaca las consecuencias ambientales y económicas del retraso. La fracción orgánica representa cerca del 40% del peso total de los residuos generados, por lo que su separación resulta clave para cumplir con los objetivos de reciclaje que marca la legislación: un 55% de reutilización y reciclado para 2025. Sin esta separación, alcanzar ese porcentaje es, en la práctica, inviable.
En el caso de Melilla, esta necesidad se agrava por las limitaciones de la planta incineradora, que, según Guelaya, está desbordada por el volumen de residuos diarios y carece de espacio adecuado para su almacenamiento. La recogida selectiva del residuo orgánico, subrayan, permitiría reducir significativamente el material destinado a incineración y, con ello, minimizar los efectos contaminantes del proceso actual.
Otro de los argumentos destacados por la asociación es el impacto del residuo orgánico cuando no se trata adecuadamente. Su mezcla con el resto de basura impide alcanzar los objetivos de reciclaje y, al descomponerse en vertederos o almacenamientos, genera metano, un gas de efecto invernadero hasta 25 veces más potente que el CO₂. Además, el alto contenido de humedad de este residuo (hasta un 80% de agua) dificulta su combustión, reduce el rendimiento energético y aumenta los costes operativos de la planta.
Guelaya insiste en que la solución pasa por transformar el residuo en un recurso útil. Una vez recogidos selectivamente, los biorresiduos pueden destinarse al compostaje, generando abono natural que sustituya fertilizantes químicos, y a la producción de biogás mediante digestión anaerobia, una fuente de energía renovable que contribuiría a mejorar la autosuficiencia energética de la ciudad.
La asociación ha solicitado formalmente a la Ciudad Autónoma la elaboración de un Plan de Actuación y un cronograma concreto de implantación del contenedor marrón. Además, ha instado a actuar “sin más demoras” para cumplir la ley, proteger el medioambiente y avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más sostenible, eficiente y alineado con los compromisos climáticos y normativos de España y la Unión Europea.
