La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado la falta de avances reales en la mejora de los derechos del personal militar tras ocho años de funcionamiento de la Comisión de Trabajo Temporal 17-01, creada para evaluar la Ley Orgánica 9/2011 de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas.
En un comunicado difundido este martes, la asociación ha calificado de “claramente negativa” la valoración del Informe Final que cierra el trabajo de la comisión, y ha expresado su profunda decepción con los resultados alcanzados.
El balance que hace ATME no deja lugar a dudas: “una pérdida de tiempo”, en palabras de la organización. Según su valoración, el documento final refleja resultados “manifiestamente insuficientes” y pone de relieve una actitud de inmovilismo por parte del Ministerio de Defensa y de los Ejércitos, que han ignorado, según denuncian, las principales propuestas y reivindicaciones de las asociaciones profesionales del sector militar.
“La distancia entre las posiciones del Ministerio y las asociaciones es abismal”, lamenta ATME, que insiste en que no ha existido una voluntad real de diálogo ni de consenso. Esta falta de apertura ha bloqueado debates clave para el colectivo al que representa la asociación, que agrupa a tropa y marinería, un sector especialmente afectado por la falta de reconocimiento y derechos dentro del escalafón militar.
Entre las propuestas fundamentales que, según la asociación, fueron rechazadas sistemáticamente, figura la posibilidad de que los representantes del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas) sean elegidos democráticamente por el propio personal militar, un modelo que ya se aplica con éxito en la Guardia Civil. También plantearon cambios en el reglamento del Coperfas para evitar los vetos del Ministerio de Defensa en asuntos que este no desea abordar.
Asimismo, ATME reclamaba que el Coperfas tuviera acceso obligatorio a información especialmente sensible, como los datos consolidados sobre accidentes, suicidios y fallecimientos ocurridos tanto durante maniobras como en el interior de las unidades. Otro de los puntos señalados fue la falta de transparencia sobre la reincorporación a la vida laboral civil de los Reservistas de Especial Disponibilidad (RED), cuya situación sigue siendo incierta y escasamente abordada desde los órganos oficiales.
La Asociación también ha mostrado su malestar por la negativa del Ministerio a permitir que las asociaciones puedan impartir charlas informativas dentro de las unidades, lo que consideran una medida básica para mejorar la comunicación y garantizar una verdadera representación del personal.
“El informe final no hace justicia a las demandas de la inmensa mayoría de la gente de uniforme”, subraya la nota difundida por ATME, que considera que este proceso, lejos de representar un avance, supone una nueva decepción para quienes confiaban en una mejora real de sus derechos. “Para este triste y escaso resultado, francamente, no era necesario perder más de ocho años de trabajo”, añaden.
La Comisión de Trabajo será oficialmente disuelta en el Primer Pleno Ordinario de 2026, sin que sus conclusiones hayan supuesto cambios significativos para el colectivo militar. ATME denuncia que esta falta de voluntad reformista ha impedido que se trasladen a los grupos parlamentarios propuestas sustanciales para la reforma de la Ley Orgánica 9/2011, perpetuando así un marco normativo que, en su opinión, ha quedado obsoleto y alejado de las necesidades reales del personal.
Con esta denuncia pública, la Asociación busca no solo dejar constancia de su desacuerdo, sino también reactivar el debate político y social sobre los derechos del personal de tropa y marinería, que siguen sintiéndose “ciudadanos de tercera” dentro del sistema de defensa del Estado.
