El activista marroquí será juzgado mañana en Nador por los altercados de 2008.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Melilla manifestó ayer, en nota de prensa, su “apoyo y solidaridad” con los jefes policiales que fueron agredidos en septiembre de 2008 por dos activistas marroquíes, que serán juzgados mañana en Nador. Además, anunció que los servicios jurídicos de la asociación están a disposición del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ambrosio Villaseñor, en el proceso contra el presidente de la Asociación Gran Rif de Derechos Humanos, Said Chamtri, y el ex miembro del Comité de la Sociedad Civil del Norte de África, Lahcen Mejjati.
Ambos activistas serán juzgados por intento de agresión contra mandos policiales españoles en la frontera de Beni Enzar, ya que tanto Chamtri como Mejjati fueron los alentadores de estos altercados en el verano de 2008, en los que participaron decenas de personas. El juicio se produce en virtud de la solicitud del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid por lesiones y atentado contra la autoridad.
Además del jefe de la Guardia Civil en Melilla y su segundo, también se vieron envueltos en la agresión el jefe superior de la Policía Nacional en la ciudad, Juan Manuel Calleja, y el delegado de Hacienda, Jesús Ignacio Pérez Aguilera, que regresaban acompañados por tres colaboradores de una reunión con sus homólogos de Marruecos.
La AUGC también informó de que han trasladado a Villaseñor y el resto de mandos policiales su “respaldo” en este proceso y resaltaron que el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil siempre ha tenido una “actitud dialogante” al frente del Instituto Armado “Siempre ha destacado por su actitud conciliadora, mostrándose en todo momento dispuesto a buscar soluciones a cuantos problemas le han trasladado los guardias civiles y esta organización”, añadió la AUGC en su nota de prensa.
Por último, para la asociación de la Benemérita, a pesar de que el propio Chamtri calificó los hechos como “un simple altercado fronterizo”, esta agresión contra los mandos policiales españoles es tan grave que “si Marruecos hubiera procedido a su extradición, como pidió el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, en nuestro país su acción podría conllevar pena de prisión”.
