Según la Orden 1.253 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, relativa a las ayudas de material escolar al alumnado de familias con dificultades socioeconómicas de Infantil, Primaria y Educación Especial, el Gobierno de Melilla otorga ayudas de material escolar por valor de 28,40 euros por niño para el CEIP León Solá en contraste con los 191,90 euros por niño para cada alumno del CEIP España mientras que, según la Orden número 1604 de la misma Consejería, relativa a las ayudas de puesta a disposición de uniformes escolares, el Gobierno concede 28,40 euros por alumno del CEIP León Solá en contraste con los 240 euros por alumno del Liceo Sefardí, centro privado. Se trata, según Coalición por Melilla (CpM), del mínimo y del máximo otorgado en ambos casos.
La diputada de la formación Cecilia González ha recordado que tanto en comisiones como en los sucesivos plenos han venido manifestando su preocupación y advirtiendo de que dichos programas “se habían gestado mal y el resultado podría ser nefasto”, aunque asegura que nunca habrían imaginado que además “podrían vulnerar principios constitucionales básicos como el de objetividad al no haber criterios claros y verificables (artículo 103.1 de la Constitución española; y el de igualdad, dado que hay una flagrante discriminación entre centros y alumnos (artículo 14 de la Constitución española), además de profundas contradicciones internas y procedimientos defectuosos, una auténtica chapuza administrativa que se han negado a rectificar a pesar de las reiteradas advertencias”.
Según la diputada, ambos programas fracasan en su objetivo social para los centros con mayor concentración de pobreza “debido al empeño del gobierno de mantener el tope de ayuda en 14.999 euros para todos los centros a pesar de la gran diferencia, respecto al número de alumnos que necesitan dichas ayudas, entre unos centros y otros”. “Aun cuando el principio de igualdad exige que, ante la misma necesidad, la respuesta de la administración sea la misma para garantizar la igualdad de oportunidades, vemos con asombro que en la práctica reduce significativamente la ayuda a los más necesitados”, añade González.
Para la diputada, la asunción por parte de los equipos docentes de la delegación “impropia” de la función evaluadora que no les corresponde supone delegar una labor propia de servicios sociales o de la administración pública, con capacidad legal y técnica para evaluar renta, patrimonio y vulnerabilidad, en personal no cualificado para ello, lo cual “genera un alto riesgo de arbitrariedad, falta de equiparación de criterios y posible vulneración de la privacidad de las familias, según la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales”.
La dirigente cepemista ha subrayado la "coherencia" del CEIP Nuestra Señora del Buen Consejo, que manifiesta desconocer tanto el número de familias del centro con dificultades socioeconómicas, como el coste del material. "Si el resto de centros hubiera hecho lo mismo, habrían obligado a la administración a replantear ambos programas", cree la diputada.
González también ha destacado la “incoherencia” de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, que excluye al único colegio privado de Melilla, el Liceo Sefardí, del programa de material escolar y le incluye en el de uniformes. Así, apunta que, mientras un alumno del Liceo podrá disfrutar de chándal de verano y de invierno, pantalón o falda, suéter, camisa, rebeca y zapatos escolares y un alumno del IES Enrique Soler disfrutará de polos manga corta y larga, pantalón largo y corto, falda verano y de invierno, jersey, chaqueta, chándal completo, camiseta deportiva manga larga y corta, pantalón deportivo corto; un alumno del CEIP León Solá sólo podrá disponer de una sudadera, un pantalón y una camiseta.
Además, la diputada cepemista ha subrayado la denegación al CEIP Juan Caro de la ayuda de uniformes, “al proponer el centro una solución pedagógicamente sensata para no estigmatizar a la hora del reparto, solicitando sudaderas para todos”. “Por lo visto, la Consejería de Educación prefiere que varios cientos de niños de familias vulnerables no reciban nada antes que buscar una solución favorable al interés de los menores”, añade.
“Una vez más, discriminación y arbitrariedad en unos programas que, por su importancia, deberían ser claros, justos e igualitarios para todos los escolares de Melilla”, prosigue González.
Por todo ello, desde Coalición por Melilla, solicitan al Gobierno la suspensión temporal de la ejecución de ambos programas para que, en el mínimo plazo de tiempo posible, corrija “la gran cantidad de deficiencias de índole administrativa y jurídica detectadas y resuelva atendiendo a los principios constitucionales que han conculcado”.
