Melilla ha sido reconocida oficialmente como zona de difícil cobertura sanitaria, según ha confirmado el director territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta, Jesús Lopera. En una comparecencia ante los medios celebrada este martes en aquella ciudad autónoma, Lopera explicó que tanto Ceuta como Melilla están incluidas en esta clasificación desde la entrada en vigor del Real Decreto 118/2023, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en febrero de ese año.
Este reconocimiento legal implica que ambas ciudades enfrentan dificultades significativas para cubrir determinados puestos sanitarios, debido a condiciones estructurales, falta de incentivos y un entorno menos atractivo en comparación con otras regiones. Se trata de una reivindicación histórica tanto del personal sanitario como de organizaciones sindicales y políticas en Melilla, que han denunciado reiteradamente las carencias que afectan a la prestación del servicio público de salud en la ciudad.
“Está considerado dentro del Real Decreto y en él se determina que el personal sanitario de Ingesa en Ceuta y Melilla es de difícil cobertura”, afirmó Lopera. No obstante, advirtió que aún no se ha completado el proceso porque no hay dotación económica para el desarrollo de la normativa. “Falta la parte económica, que depende de los Presupuestos Generales del Estado, de Función Pública y Hacienda”.
Esta fase, según el responsable territorial, está pendiente de concreción, aunque se mostró “optimista” y aseguró que los profesionales sanitarios “pueden tener esperanza” en que las mejoras derivadas de este reconocimiento “verán la luz” en un futuro próximo.
Las declaraciones de Lopera tuvieron lugar durante el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe y la covid en Ceuta, donde estuvo acompañado por la delegada del Gobierno, Cristina Pérez. La representante del Ejecutivo respaldó las palabras del director territorial y criticó que decisiones adoptadas por algunas autoridades locales “han impedido abrir un debate serio” sobre asuntos esenciales como la distribución de fondos, la planificación de programas sanitarios y la aplicación de incentivos específicos para el personal.
En Melilla, el debate sobre la falta de cobertura sanitaria es recurrente. Tal como reflejan numerosas publicaciones de El Faro de Melilla, esta situación ha provocado una elevada rotación del personal médico, dificultades para cubrir especialidades clave y una sobrecarga para los profesionales en plantilla. Hace años de declaraciones políticas, peticiones sindicales y análisis sobre la falta de incentivos laborales que afectan la calidad del sistema sanitario local.
Uno de los antecedentes más recientes tuvo lugar a mediados de octubre de este año, cuando representantes del Partido Popular en Ceuta criticaron al Gobierno central por no incluir de forma clara a las dos ciudades autónomas como zonas de difícil cobertura. Esa crítica fue considerada por el PP como una falta de respeto hacia los profesionales que sostienen la sanidad pública en condiciones complicadas.
La figura de “zona de difícil cobertura” introducida por el Real Decreto 118/2023 fue diseñada para aplicar medidas que mejoren la distribución del personal sanitario en regiones donde la atracción y fidelización de profesionales es compleja. Estas medidas, entre las que se encuentran incentivos económicos y profesionales, tienen como objetivo garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria en todo el territorio nacional.
No obstante, en el caso concreto de Melilla, aún no se han definido ni implementado incentivos concretos. Por ello, las autoridades locales y colectivos sanitarios insisten en que esta designación no debe quedarse en un reconocimiento simbólico, sino que debe traducirse en acciones efectivas.
Mientras el Ministerio de Sanidad, Función Pública y Hacienda analizan cómo articular los aspectos presupuestarios del decreto, Melilla continúa a la espera de que el Gobierno concrete un plan que permita mejorar las condiciones laborales y atraer nuevos profesionales al sistema. Este paso se considera fundamental para frenar el deterioro progresivo del sistema de salud en la ciudad y garantizar una atención de calidad para toda la población.
