Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), no es un hombre dado a exagerar ni amigo de la pataleta frívola. Pero, a día de hoy, incluso desde su moderación, debe estar no incomodando, sino levantando ampollas de gran magnitud en la Delegación del Gobierno, donde le abren las puertas para que se queje, pero no le resuelven ninguno de los problemas que en esas reuniones plantea como representante de la patronal.
No hay que ser un lince para percibir que la política nacional lleva unos ritmos de apaga y vámonos. Pero en el caso español, el Gobierno está en jaque permanente. El pulso le llega no sólo desde la oposición, que es lo normal, sino y, sobre todo, desde sus socios y desde sus propias filas y si no, que se lo pregunten a Santos Cerdán, que sigue en prisión, y a Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla La Mancha que, por la cuenta que le trae, ha levantado el pie del acelerador. No se calla, pero ya no tira a matar.
En cualquier situación, pero especialmente en la actual situación de fragilidad parlamentaria en la que cada iniciativa debe ser debatida y consensuada en el Congreso entre seis fuerzas políticas distintas y en ocasiones enfrentadas u opuestas, es imposible que un ministro o el presidente del Gobierno estén pendientes al dedillo de lo que está pasando en Melilla. Ni ahora ni antes. Por eso, a finales de los años 80 se creó la institución de la Delegación del Gobierno, cuya estructura se perfeccionó en 1997, con la idea de que sirva de enlace entre el Consejo de Ministros y los territorios. El cargo va acompañado de un buen sueldo, pero también de la responsabilidad de defender la gestión del Ejecutivo central en los territorios. No basta con prometer o estar a la defensiva tirando de argumentario de partido. Hay que convencer y eso en Melilla no está pasando.
A diferencia de otros delegados del Gobierno que en su día se negaban a sentarse a hablar con éste o con aquel, a la institución en Melilla no se le critica que haga cribas a la hora de organizar reuniones. Aquí se escucha, pero no ponen sobre la mesa soluciones viables. O bien porque no tiene poder en Madrid, especialmente desde que la representante melillense se quedó fuera de la Ejecutiva nacional del PSOE, o bien porque no quiere ser una pesada y dar la brasa constantemente con lo mismo y a los mismos. Y de esos barros, estos lodos.
En Melilla hay dos o tres grandes problemas empantanados y casi todos relacionados con la frontera. De ahí se desprende la aduana inmóvil, el veto al régimen de viajeros, la Operación Paso del Estrecho en verano que colapsa el transporte marítimo y el cruce a Marruecos; la seguridad (el recorte policial del número de agentes de la UIP entra ahí) y el barco fantasma a Almería.
La Delegación del Gobierno de Melilla no ha encontrado una solución a ninguno de estos problemas que, todo hay que decirlo, le quedan grandes no por incapacidad manifiesta sino porque la competencia no es directamente suya. No puede, por ejemplo, restituir el régimen de viajeros porque eso depende de conversaciones al más alto nivel entre los gobiernos de España y Marruecos. Pero lo que sí se puede hacer desde Melilla es insistir mañana, tarde y noche, día tras día, en la necesidad de resolver un agravio que mantiene a los comercios locales en cuidados paliativos desde la pandemia. No se trata de atacar al vecino, sino de poner sobre la mesa que sin una frontera que funcione con normalidad no vamos a ser capaces de bajar la inflación en la ciudad, que en estos momentos es la cuarta más alta de España.
En una Melilla más cara que nunca, el recorte de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) no debe leerse sólo en clave política porque la frontera nunca ha estado más tranquila a los ojos de los antidisturbios, sino en clave económica: menos efectivos se traduce en menos dinero en una ciudad que sobrevive gracias al funcionariado. Esos policías destinados en Melilla se dejan dinero en alquiler, en comida, en ropa, en transporte… Al final va a ser verdad que sin saltos a la valla, se resiente el tejido económico local.
Entiendo que la Delegación del Gobierno lo tiene muy difícil para dar a estas alturas una explicación creíble sobre lo que está ocurriendo en la aduana. Hace tres años se encargó de prometer que su apertura iba a ser gradual y que, además, lo haría como una aduana del siglo XXI. Visto lo visto, estoy segura de que los fenicios intercambiaban mercancías con más soltura que la que se tiene a día de hoy en Beni Enzar. Por no haber, no hay intercambio comercial. Según ha explicado Enrique Alcoba hasta el jueves pasado no había ni entrado ni salido mercancía de Melilla por la aduana. ¿A eso se refería cuando hablaba de una aduana del siglo XXI?
Espero no descubrir nada nuevo al decir que Melilla es un territorio extrapeninsular aislado del resto del país por tierra y por mar. Para nosotros, el comercio con Marruecos es fundamental y si eso no funciona, aquí no habrá forma de prosperar. Basta de creer que la gente nace y se resigna a sobrevivir. La gente quiere vivir bien, tener un trabajo con el que mantener una familia, comprar una vivienda, cambiar de coche, irse de vacaciones, comprar regalos a los nietos para Navidad o la Pascua Grande… Y eso a día de hoy en Melilla sólo está al alcance de los funcionarios, los políticos y poco más.
La empresa privada está atenazada y casi obligada a ser una superviviente en Melilla. Tiene un margen de maniobra y ganancias limitadísimas, lo que se traduce en el parón en las contrataciones, en trabajos precarios, sueldos más precarios que, en ocasiones, ni se pagan durante meses, como los de Alvalop. Y de esa espiral no se sale con buenas palabras. Todo empieza y termina en la frontera. Excepto el barco a Almería de los fines de semana que se dijo que estaba casi hecho en primavera y sólo apareció, como refuerzo, durante la Operación Paso del Estrecho. Si seguimos por esa vía, nos extinguimos.
