El senador del Partido Popular por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, reprochó este pasado lunes al Gobierno central la falta de avances en la aprobación del Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla, una medida comprometida desde 2021 en la Estrategia de Seguridad Nacional. Su intervención se produjo durante la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, en presencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Aína Calvo, a quien trasladó su preocupación por el estancamiento de esta promesa gubernamental.
Otazu lamentó que, cuatro años después del anuncio oficial, el citado documento “no vislumbre horizonte” y aseguró que tanto los melillenses como los ceutíes siguen esperando una hoja de ruta clara que refuerce de forma eficaz la protección de ambas ciudades autónomas.
Recordó que fue en mayo de 2021 cuando Iván Redondo, entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, comunicó que se elaboraría un plan de seguridad específico para Ceuta y Melilla. Desde entonces, según denunció el senador, no ha habido avances visibles. En tono crítico, comparó la postura del Ejecutivo con lo que calificó como “un viejo eslogan de Naciones Unidas: estamos en ello, Dios dirá”.
El representante del PP hizo hincapié en la importancia estratégica de Melilla y Ceuta, por su ubicación geográfica en el norte de África y su condición de frontera exterior de la Unión Europea. A su juicio, esta situación debería implicar una atención reforzada del Estado en materia de seguridad y defensa, tal como establece el texto de la Estrategia Nacional de Seguridad. Según recoge ese documento, ambas ciudades requieren de medidas específicas para garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes debido a su singularidad territorial y geopolítica.
Durante su intervención, Otazu también dirigió sus críticas hacia la decisión del Gobierno de adjudicar un contrato a la empresa china Huawei. Aunque Aína Calvo negó que este acuerdo implique la gestión o almacenamiento de escuchas telefónicas por parte de la compañía, el senador expresó que la preocupación de su grupo parlamentario trasciende el plano técnico o comercial, y se inscribe en el ámbito de la soberanía nacional.
“Nos preocupa que empresas extranjeras como Huawei participen en sistemas vinculados directamente con la seguridad del Estado, la interceptación legal de comunicaciones o las infraestructuras críticas sobre las que descansa nuestra defensa y nuestra libertad”, expresó el senador del PP.
Otazu argumentó que organizaciones internacionales como la OTAN y la Unión Europea han marcado una línea clara en este asunto: reducir la dependencia tecnológica de proveedores de alto riesgo, especialmente en sectores estratégicos como las redes 5G, la inteligencia artificial o las infraestructuras críticas. Señaló que España continúa contratando con empresas bajo jurisdicciones ajenas al marco democrático europeo, lo que, a su juicio, debilita la fiabilidad y seguridad de los sistemas nacionales.
También citó normativas europeas como la NIS 2 y la Security Toolbox del 5G, así como regulaciones nacionales como la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas de 2011. Estas establecen la obligación de identificar operadores esenciales y de garantizar que sus proveedores cumplan requisitos técnicos de seguridad específicos para preservar la integridad de los servicios clave del Estado.
En su discurso, Otazu insistió en que el Gobierno no puede ignorar las advertencias emitidas por el propio Departamento de Seguridad Nacional, que en sus informes ha reconocido la exposición tecnológica a proveedores no europeos como un riesgo creciente.
El senador subrayó que el Centro Criptológico Nacional también ha establecido estándares que deben cumplirse antes de integrar tecnologías en infraestructuras críticas, y reclamó que estas directrices se apliquen con firmeza.
Finalmente, el senador vinculó ambas cuestiones, tanto la adjudicación a Huawei como el retraso del plan de seguridad, como ejemplos de una política de seguridad laxa por parte del Ejecutivo. Ya en 2023 había advertido públicamente que el citado plan debía servir para dotar a Ceuta y Melilla de una disuasión creíble frente a posibles amenazas, algo que a su juicio sigue sin materializarse.
En su última intervención apeló al compromiso institucional del Estado: “El Gobierno tiene la obligación jurídica y estratégica de garantizar que ningún proveedor extranjero pueda comprometer la integridad, la confidencialidad o la operatividad de los sistemas vinculados a nuestra seguridad”, concluyó.
