Los dos acusados por presuntamente adoctrinar a jóvenes en Melilla para integrarse en el Dáesh han aclarado que, a día de hoy, no existe ninguna sentencia firme por parte de la Audiencia Nacional sobre los hechos por los que fueron juzgados a finales de septiembre. A través de un comunicado conjunto, han manifestado su preocupación por la difusión de informaciones que, a su juicio, ofrecen “una imagen incompleta y potencialmente perjudicial de nuestra situación procesal, pudiendo inducir a error a la opinión pública y causar alarma entre nuestros familiares y entorno”.
Ambos se encuentran en libertad, a la espera de que el tribunal emita su fallo. En ese sentido, han recordado que el proceso judicial aún está abierto y que cualquier resolución que se dicte podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, lo que implica que no hay una resolución definitiva sobre su caso ni puede considerarse cerrada la causa.
El caso se juzgó en la Audiencia Nacional a finales del mes pasado. Según informó El Faro de Melilla, el Ministerio Fiscal solicitó siete años de prisión para cada uno de los procesados por un presunto delito de adoctrinamiento terrorista. La acusación los señala como supuestos responsables de captar a jóvenes melillenses a través de redes sociales y plataformas de mensajería cerradas, con el objetivo de promover la ideología del grupo terrorista Dáesh. En el escrito del fiscal, se indicaba que los acusados compartían contenido audiovisual y mensajes que presuntamente incitaban a la radicalización ideológica.
Sin embargo, los encausados han insistido en que no debe darse por sentada su culpabilidad. “No hay resolución firme aún sobre los hechos que se nos atribuyen”, recalcaron, subrayando que la Constitución Española reconoce el derecho a la presunción de inocencia. “La causa no ha concluido y, en caso de que se dicte sentencia condenatoria, ésta puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo”, añadieron.
Por este motivo, han pedido cautela a la hora de abordar mediáticamente el asunto, remarcando que cualquier interpretación que presente los hechos como concluidos o que insinúe su culpabilidad “no se corresponde con la realidad jurídica del proceso”. También insisten en que sus derechos procesales están plenamente vigentes y que cualquier pronunciamiento debe esperar a que exista una sentencia firme.
Los acusados han reiterado que se encuentran plenamente disponibles para cumplir con cualquier requerimiento judicial, pero consideran que las informaciones difundidas hasta el momento no reflejan adecuadamente su situación legal. “Las informaciones que se han publicado con respecto al procedimiento judicial presentan una imagen incompleta y potencialmente perjudicial de nuestra situación procesal”, señalaron.
Además, apelaron al respeto a sus derechos fundamentales y a la prudencia informativa, advirtiendo que determinados enfoques en medios de comunicación pueden “inducir a error a la opinión pública y causar alarma entre nuestros familiares y entorno”.
A día de hoy, la Audiencia Nacional continúa deliberando, y no se ha comunicado oficialmente ninguna sentencia. La defensa de los acusados sostuvo en el juicio que no existen pruebas suficientes que fundamenten una condena, solicitando por tanto la absolución de sus representados.
Hasta que se dicte sentencia y esta adquiera firmeza, los acusados insisten en que debe respetarse su derecho a ser considerados inocentes, tal y como establece el marco constitucional español. También advierten que cualquier intento de vincularlos públicamente con actividades delictivas sin una resolución judicial firme puede afectar a su reputación y vulnerar sus derechos legales y personales.
