El Ministerio del Interior ha tomado la decisión de reducir de forma súbita y significativa el número de agentes antidisturbios destinados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Hasta ahora, ambas ciudades contaban habitualmente con 50 efectivos desplegados en cada una, pero la nueva orden rebajará esa cifra a solo 15 agentes por ciudad, una reducción de más del 70%. La medida, según ha informado el diario El Mundo, se implementará de forma inmediata.
Este inesperado recorte ha generado inquietud en ámbitos relacionados con la seguridad y la gestión del orden público, dado el papel que tradicionalmente han tenido las Unidades de Intervención Policial (UIP) en zonas de especial sensibilidad fronteriza como son Ceuta y Melilla. La presencia de estos efectivos ha sido históricamente clave para apoyar a las policías locales y a la Guardia Civil en la gestión de episodios de tensión migratoria, altercados en la frontera o manifestaciones de alta concurrencia.
Aunque Interior no ha emitido aún un comunicado oficial explicando las razones de este reajuste, fuentes citadas por El Mundo aseguran que se trata de una decisión política que busca reestructurar los recursos disponibles en función de nuevas prioridades en la península. Sin embargo, el drástico descenso en el número de agentes asignados ha sorprendido por la falta de una transición gradual o una explicación clara del impacto previsto.
La reducción llega en un momento en que tanto Ceuta como Melilla siguen afrontando desafíos constantes derivados de su condición de frontera sur de Europa. A pesar de la relativa calma migratoria de los últimos meses, los antecedentes recientes —como los intentos de salto masivo a las vallas fronterizas o episodios de tensión en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)— siguen presentes en la memoria colectiva de ambas ciudades.
Además, esta decisión se produce sin que, hasta ahora, se haya anunciado un refuerzo alternativo o compensatorio que permita mantener los actuales niveles de vigilancia y respuesta rápida ante situaciones críticas. Tampoco se conocen medidas de refuerzo para los agentes que permanecen en plantilla ni si habrá colaboración reforzada con otros cuerpos de seguridad del Estado para cubrir las posibles carencias.
En términos comparativos, pasar de 50 a 15 agentes implica una merma importante en la capacidad operativa de las unidades. En condiciones normales, una UIP desplazada a una ciudad como Ceuta o Melilla podía establecer turnos rotatorios, responder a varios incidentes simultáneos o reforzar la seguridad en momentos puntuales como festividades, visitas institucionales o repuntes migratorios. Con tan solo 15 efectivos, esta flexibilidad operativa queda seriamente comprometida.
El silencio institucional por parte del Ministerio del Interior ha generado especulaciones sobre las motivaciones reales del recorte. La falta de transparencia y de una comunicación clara con las autoridades locales tampoco ha ayudado a disipar las dudas sobre el momento y la forma en que se ha decidido aplicar esta reducción.
A la espera de una reacción oficial por parte de los gobiernos autonómicos de Ceuta y Melilla, así como de los sindicatos policiales, la noticia añade una nueva preocupación al debate sobre el equilibrio entre ahorro de recursos y garantías de seguridad en enclaves fronterizos estratégicos. En un escenario geopolítico tan delicado como el que rodea a ambas ciudades, la decisión del Ministerio del Interior podría tener consecuencias a corto y medio plazo tanto en la percepción ciudadana como en la operatividad policial.
