Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir a partir de este jueves que se deriven a otras comunidades a menores migrantes no acompañados llegados a esos territorios, ya que hoy entra en vigor el decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y que el miércoles publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El decreto permite que eche andar la solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por la que en el plazo de un año se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Así, las comunidades o ciudades autónomas que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria podrán pedir la situación de contingencia migratoria para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades.
La solicitud tendrá que ser aprobada por el Ministerio de Juventud e Infancia.
Este miércoles Canarias, presidida por Fernando Calvijo, ya adelantó que declarará la contingencia migratoria. De hecho, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha firmado la petición al Ministerio.
Mientras, la consejera de Políticas Sociales de Melilla, Randa Mohamed, también lo anunció y explicó que la ciudad autónoma, que dispone de 28 plazas para menores migrantes, deberá asumir "hasta tres veces su capacidad ordinaria" de acogida, alcanzando las 84 plazas, que se considera ya "sobreocupación".
Pero ha explicado que Melilla acoge actualmente un total de 175 menores migrantes, lo que refleja "la enorme presión migratoria que sufrimos y que sufre este sistema de protección local".
Ceuta también ha comenzado a preparar la documentación para elevar al Gobierno la solicitud formal de declaración de contingencia migratoria extraordinaria, ya que la ciudad supera en un 629 % la capacidad de acogida que le corresponde en virtud de la nueva normativa.
El real decreto fija que Ceuta debería acoger a 27 menores, mientras que en la actualidad tutela y atiende a más de 510 niños y adolescentes llegados de manera irregular.
Baleares lo estudia ante la llegada masiva de migrantes a las islas
Aunque según la normativa, que tiene en cuenta el número de menores tutelados que había a 31 de marzo, Baleares no podría solicitar la declaración, la Abogacía de las Islas estudia la fórmula para poder hacerlo y no tener que recibir a menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta o Melilla para poder centrarse en la atención de los cerca de 700 que tiene a día de hoy.
La intención del Govern es presentar esta declaración porque los Consells insulares, competentes en la atención de menores, soportan una sobreocupación de un 1.000 %.
Según el decreto del Gobierno, para poder pedir la contingencia migratoria, la comunidad debe triplicar su capacidad de acogida, que en el caso de Baleares es de 406 menores, según estableció el Ministerio de Juventud e Infancia el pasado 31 de marzo para regular las condiciones del reparto. A Baleares le correspondería acoger a 49 de estos niños, según el decreto.
Este último decreto fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, que este año se sitúa en 32,6 menores por cada 100.000 habitantes, y que se aprobará anualmente.
Este ratio se calcula dividiendo la población total de cada comunidad y ciudad autónoma a 31 de diciembre, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español.
Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades que deben tener mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.
El destino de los menores serán comunidades con menos saturación. Los traslados se distribuirán teniendo en cuenta otros parámetros como la renta, la tasa de paro, la dispersión, el esfuerzo previo, la insularidad o la situación fronteriza.
El sistema de reubicación de los menores cuenta con la oposición del PP y de las comunidades en las que gobierna, además de Castilla-La Mancha, dirigida por el PSOE.
