El presidente de Somos Melilla y diputado de la Asamblea, Amín Azmani, ha valorado la suspensión inmediata del contrato de vigilancia privada de la Ciudad Autónoma, valorado en 27 millones de euros, tras la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Somos Melilla recuerda que hace unas semanas denunció públicamente graves irregularidades en el procedimiento de adjudicación de uno de los contratos más importantes de la ciudad.
La formación detalló en su momento presuntas falsedades y omisiones relevantes por parte de la empresa propuesta para adjudicación, Sureste Seguridad S.L., en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC).
También cuestionó la valoración técnica de la oferta presentada por dicha empresa, al detectarse errores en la identificación de las dependencias que debe vigilar y en la documentación relativa al Plan de Igualdad, que no cumpliría con los requisitos legales exigidos. Además, la formación puso de manifiesto que durante el proceso de adjudicación no se tuvieron en cuenta antecedentes sancionadores ni resoluciones contractuales previas que afectan a la empresa propuesta para la adjudicación, lo que podría suponer una vulneración del principio de igualdad entre licitadores.
Azmani ha destacado que la paralización del contrato demuestra que la formación tenía razón desde el principio. “Esto no es un simple tropiezo, es la consecuencia de un gobierno sin previsión, sin rigor y sin respeto por la legalidad. Lo decimos alto y claro: la contratación pública exige transparencia, exige objetividad, exige igualdad entre las empresas”.
El líder de Somos Melilla ha recordado las múltiples advertencias al Ejecutivo de Imbroda. “Lo dijimos en varias ocasiones en la Comisión de Seguridad Ciudadana, lo dijimos públicamente, se lo dijimos directamente al consejero responsable del área de Seguridad y enviamos una carta al director general de Contratación. Nadie, absolutamente nadie, ha contestado”.
En su opinión, la suspensión de este contrato deja en evidencia a este Gobierno. “Ni planificaron a tiempo, ni garantizaron un proceso limpio, ni tuvieron en cuenta las alertas que se lanzaron desde la oposición ni desde los sindicatos. Hoy la seguridad en Melilla queda en el aire porque el Gobierno no ha sabido hacer un buen trabajo”.
Azmani ha sido tajante para asegurar que la suspensión del contrato no es un un error técnico, sino una forma de gobernar que desprecia los principios básicos de la contratación. “Un gobierno que juega con 27 millones de euros como si fueran calderilla y que pone en riesgo la confianza de los melillenses en sus instituciones”.
Por todo ello, Azmani ha reclamado responsabilidades políticas inmediatas, porque "mientras Imbroda y los suyos se enredan en adjudicaciones bastante opacas y mal tramitadas, somos los melillenses quienes pagamos las consecuencias con la seguridad, con los impuestos y con una ciudad cada vez más mal gestionada”.
Finalmente, ha advertido que Melilla merece un "Gobierno serio, responsable y transparente, no este desgobierno que improvisa y hace despropósitos”. Desde la formación temen ahora las consecuencias de la paralización de este contrato, que va a demorar mucho más la vigilancia privada en nuestra ciudad.
“Desde Somos Melilla estamos y estaremos siempre señalando con el dedo a quienes cometen irregularidades y no gestionan bien los recursos públicos y los procedimientos administrativos”, finaliza.
¿Como que dice?
Lo dirá una sentencia o una resolución de ese Tribunal.
¿O es que no habéis investigadores, buscado o interesado por la misma?
¿Pero que clase de periodismo hacéis?