La prórroga de los presupuestos generales del Estado de un año para otro es una posibilidad que está presente en la mayoría de las economías desarrolladas. En el caso de España, así lo prevé el artículo 134 de su Constitución. Sin embargo, esta manera de obrar acarrea significativos costes económicos y políticos.
Por ejemplo, mantener las prioridades de ejercicios anteriores, lo que limita la capacidad del Gobierno para responder a nuevos desafíos o emergencias.
También obliga a posponer proyectos esenciales previstos en ejercicios anteriores en cuestiones como infraestructuras, educación, sanidad o vivienda.
En tercer lugar, genera incertidumbre entre los inversores y los agentes económicos, lo que se traduce en una disminución de la inversión privada y un menor dinamismo económico a largo plazo.
Y, aunque en un Estado descentralizado como el español puede parecer que la prórroga de los presupuestos generales no afecta al funcionamiento de las comunidades autónomas, este hecho también limita su capacidad para gestionar sus servicios públicos y realizar inversiones a escala regional y local. Además, agrava las disparidades regionales en productividad entre autonomías y afecta a la cohesión territorial.
De esto se quejó el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, en una entrevista a un medio radiofónico en la que dijo que esta prórroga de dos años ya está lastrando las inversiones para Melilla.
Y es lógico pensar que las circunstancias cambian cada año, por lo que el dinero que vale para uno no necesariamente tiene que ser suficiente o válido para el posterior, especialmente si acaecen circunstancias inesperadas como fue, por ejemplo, el caso de la pandemia de covid19 en 2020.
En esa entrevista, Imbroda también insistió en la necesidad de convertirse en Comunidad Autónoma para tener mucho mayor margen de maniobra, seguramente porque no está de acuerdo con la manera como el Gobierno de Pedro Sánchez está tratando a Melilla.
Ya en clave local, el presidente de la Ciudad se congratuló de la mejora que ha experimentado el servicio de limpieza desde que el PP volvió al poder en 2023, después de unos tiempos convulsos en los que los trabajadores de la empresa municipal estuvieron a punto incluso de ir a la huelga.
En resumen, en la entrevista Imbroda demostró mucha más confianza en que su manera de proceder es más beneficiosa para Melilla que la del Gobierno central.
