Coalición por Melilla (CpM) ha denunciado la negativa del Ejecutivo autonómico a valorar siquiera la posibilidad de asumir directamente la gestión del centro de menores La Purísima. Así lo expresó la diputada local Cecilia González tras la celebración de la Comisión Extraordinaria y Urgente de Políticas Sociales, Salud Pública y Seguridad Ciudadana, solicitada por su formación a raíz de las múltiples quejas recibidas sobre las condiciones del centro y de las reiteradas protestas de los trabajadores.
Durante la comparecencia, González expuso “las graves carencias estructurales y organizativas” que afectan tanto al bienestar de los menores como a los derechos laborales del personal del centro. “No es aceptable que en un espacio donde residen menores tutelados por la Ciudad Autónoma solo exista una sala de estudio para todos los módulos, o que se repitan los atoros en las duchas y se mantengan deficiencias en la dieta”, apuntó con firmeza.
La situación laboral del personal, gestionado por la empresa Tragsatec mediante una encomienda de gestión, también fue objeto de fuertes críticas. “Los trabajadores sienten una profunda discriminación respecto a los empleados de otros centros de protección de Melilla. Realizan la misma labor con condiciones mucho más precarias”, explicó González. Entre los agravios mencionó la no aplicación de complementos recogidos en el IV Convenio Estatal ni las subidas salariales que están pendientes hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Pese a estos reclamos, la consejera Randa Mohamed defendió el trabajo de Tragsatec y aseguró que la empresa “está cumpliendo lo estipulado en el contrato”, aunque reconoció la necesidad de corregir errores del mismo. Entre ellos, se mencionó la falta de previsiones para sustituir al personal en periodo vacacional o para asignar el dinero de bolsillo que debe recibir cada menor. También confirmó que la gestión se renovará por un año más con la misma empresa.
Frente a este escenario, CpM propuso encargar un estudio técnico sobre la viabilidad de municipalizar el servicio, como vía para garantizar mayor estabilidad y control institucional. La respuesta del Gobierno, según González, fue rotunda: “Nos dijeron que no, que no se contempla en modo alguno esa posibilidad”. Una negativa que, para CpM, demuestra “falta de voluntad política” para transformar el modelo de atención a los menores migrantes.
Desde la formación insisten en que la municipalización permitiría avanzar hacia un sistema más justo, profesionalizado y estable, alejado de la lógica externalizadora que, según denuncian, “prioriza criterios económicos sobre las necesidades reales de los menores y trabajadores”. González recordó que La Purísima alberga a una parte significativa de los menores extranjeros no acompañados que llegan a la ciudad, lo que convierte su gestión en un asunto de primer orden social y político.
“No es una cuestión ideológica, es una necesidad. La situación actual ha demostrado sus límites. Es hora de que asumamos directamente una responsabilidad que no puede seguir delegada en empresas”, defendió González.
La propuesta no es nueva. Tal como informó El Faro hace una semana, CpM ya venía reclamando la municipalización como única alternativa para dignificar la situación del centro. En ese momento, advirtieron que seguir manteniendo el modelo externalizado perpetuaría “la precariedad laboral y la insuficiente atención a los menores”.
Pese a sus esfuerzos en sede parlamentaria, González lamentó que el Gobierno del presidente Imbroda haya cerrado la puerta al debate. “Es evidente que esta medida no entra en sus planes. Pero desde CpM no renunciaremos a seguir exigiéndola por responsabilidad política y compromiso social”, concluyó.
