Imbroda dice que el Gobierno Rajoy está obligado por el gran déficit público que ha encontrado.
Juan José Imbroda justificó ayer los ajustes económicos del Gobierno Rajoy y aseguró que obedecen a la “ineptitud, ineficacia y oscurantismo” del Ejecutivo saliente de Rodríguez Zapatero, del que dijo que además de “engañar a los españoles” ha dejado un déficit público muy superior al previsto, de modo que “cada punto de desviación supone 10.000 millones de euros más”.
Según Imbroda, las medidas adoptadas por Mariano Rajoy resultaban “urgentísimas, necesarias e inaplazables” para lograr “sanear” la economía pública nacional y conseguir a la postre que empiece a crearse empleo.
Por tal motivo, calificó de “disparates” las críticas vertidas contra los mismos ajustes desde el Partido Socialista, al que acusó de lanzar un discurso monocorde, auspiciado por Griñán en connivencia con Rubalcaba, con la vista puesta en las próximas elecciones andaluzas. No obstante, contrapuso la realidad de un Partido Socialista inmerso “en la pelea para ver quien se queda de jefe”.
Para el presidente de la Ciudad, no hay duda de que los responsables de los recortes que ha adoptado el Gobierno central son los mismos socialistas “que no han tenido la delicadeza de esperar siquiera los cien días de cortesía”, criticando al Gobierno de Rajoy “cuando no lleva más que 17 días gobernando”.
“Antes de criticar -comentó- deberían mirarse al espejo y comprobar quienes son los culpables de cómo nos encontramos”.
Para Imbroda, los socialistas incurren en una abierta hipocresía que pretende borrar los recortes obligados que adoptó Zapatero, después de ser “llamado por la UE porque si no habríamos acabado intervenidos”.
En cualquier caso, para la primera autoridad local, lo importante es que ninguna de las medidas adoptadas por Rajoy ha supuesto un “boquete” en el Estado del Bienestar. Según dijo, sus efectos están encaminados a que las rentas más altas sean las que paguen “el desaguisado” cometido por los socialistas.
“Bienvenida” a Muñoz, por sumarse al proyecto del Puerto
El presidente Imbroda dio ayer la “bienvenida” a Muñoz “a la cofradía de los que somos partidarios de ampliar el puerto comercial de la Ciudad”.
No sin cierta ironía, comentó que tenía un “ataque interno de risa”, desde que había leído que los socialistas sí eran partidarios ahora de ampliar el puerto y que incluso iban a exigirlo al Gobierno de Rajoy mediante una moción de su grupo parlamentario en el Congreso.
Imbroda recordó que el PSOE local no dejó de poner obstáculos al proyecto durante los ocho años de Gobierno de Zapatero, y que si bien durante todo ese tiempo hubo años de solvencia para afrontarlos y otros de “despilfarro” que también podrían haber permitido dotar de partidas públicas a la pretendida inversión, ahora, en tiempos de aguda crisis económica, el proyecto avanzará, aunque supeditado a la disponibilidad de las arcas del Estado. En tal sentido, recordó que el programa electoral del PP “es para cuatro años” y que, por tanto, se llevará a cabo a lo largo de toda la legislatura.
Imbroda consideraría “duro” una ley de control del gasto autonómico
A preguntas de los periodistas, Imbroda calificó ayer de “duro” que el Ejecutivo central pueda llegar a aprobar en marzo una ley para controlar de forma previa los presupuestos de las comunidades autónomas, hasta el punto de que tengan contar con el visto bueno previo del Gobierno nacional.
No obstante, puso en reserva el anuncio en tal sentido del ministro de Economía, Luis de Guindos, recogido en una entrevista con el Financial Times, y matizó que otra cosa sería negociar o dialogar con las autonomías para buscar soluciones al problema del déficit público y promover la lealtad institucional entre todas las instancias de la Administraciones públicas.
En su opinión, ese camino de diálogo es el que se debe seguir, con el objeto de buscar “rigor” en la gestión de todas las administraciones españolas y no sólo de las autonomías, sino también de los municipios, diputaciones o cabildos.
Un diálogo que podría “armonizarse” en una disposición pero que, a su juicio, sería un proceder “positivo” bien distinto a cómo se ha planteado por el Financial Times.
