El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado al Partido Popular a acatar el fallo del Tribunal Supremo que obliga a distribuir de forma equitativa a los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas, y ha exigido al partido que “deje de poner palos en las ruedas” a esta medida que busca aliviar la presión en regiones fronterizas como Canarias, Ceuta y Melilla.
Desde Berlín, donde inauguró una exposición sobre memoria democrática en la embajada española, Torres cuestionó directamente la postura del PP tras la polémica con el Gobierno regional de Madrid por la llegada prevista de 400 menores procedentes de Canarias a un centro en Pozuelo de Alarcón. “¿Está el Partido Popular en desacato al fallo del Tribunal Supremo? ¿Está en contra de una modificación legislativa que ya es ley?”, interrogó el ministro ante los medios.
Torres recordó que el Consejo de Ministros aprobó recientemente un Real Decreto-ley que modifica el artículo 35 de la normativa vigente para permitir que los menores no acompañados que llegan a puntos como Canarias puedan ser trasladados de forma justa y equilibrada al resto del territorio nacional. En su intervención, denunció la “aversión” que, a su juicio, muestra el PP hacia estos menores, y puso el foco en la falta de solidaridad de ciertos gobiernos autonómicos frente a una situación que calificó de insostenible.
“Levantan la voz cuando hablamos de redistribuir mil menores, mientras en Canarias hay cerca de seis mil”, dijo. También lanzó una pregunta al PP sobre su alternativa para los menores que se encuentran en otras regiones desbordadas, como Ceuta, Baleares y Melilla. “¿Cuál es entonces su receta para estos menores? ¿El hacinamiento? ¿Eso es proteger los derechos humanos?”, insistió, elevando el tono crítico contra la oposición.
En ese contexto, el ministro anunció que se reunirá próximamente con los delegados del Gobierno en todas las comunidades autónomas para coordinar un plan nacional que facilite el reparto de los menores. Este encuentro busca reforzar la interlocución del Estado con los gobiernos autonómicos y avanzar hacia una solución estructural.
Una de las regiones que más ha respaldado la necesidad de este reparto es Ceuta, que actualmente acoge a más de 500 menores migrantes no acompañados. Desde la ciudad autónoma se ha advertido en varias ocasiones sobre la saturación del sistema de acogida, que lleva años operando por encima de su capacidad. Las autoridades locales han reiterado que es imprescindible que el resto del país asuma una parte proporcional de esta responsabilidad, en coherencia con los principios de solidaridad y equidad que rigen el sistema de atención a la infancia en situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Gobierno de Madrid denunció haberse enterado por la prensa del traslado de los 400 menores a Pozuelo, y calificó la medida de “falta de lealtad institucional”. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, expresó su malestar por la falta de diálogo previo con la Comunidad de Madrid, en un nuevo episodio del pulso político entre el Ejecutivo central y los gobiernos autonómicos del PP en torno a la política migratoria.
Con todo, el Gobierno central mantiene su firmeza en la aplicación del fallo judicial y de la legislación aprobada. Ángel Víctor Torres recalcó que esta es una cuestión de legalidad, derechos humanos y responsabilidad compartida: “No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras algunos territorios están al borde del colapso”.
