La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha remitido sendas cartas al presidente del Gobierno y a la ministra de Defensa solicitando una audiencia urgente para abordar la "precaria situación profesional y retributiva" que afecta a decenas de miles de militares, especialmente a los pertenecientes a la escala de tropa y marinería.
La iniciativa se produce tras la negativa reiterada de la ministra de Defensa a responder, en dos comparecencias ante la Comisión de Defensa del Congreso, sobre la ejecución de los fondos asignados al aumento de las retribuciones del personal militar. En concreto, ATME exige explicaciones sobre los 679 millones de euros incluidos en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de 2025 bajo el concepto de “aumento de las retribuciones del personal y el incremento de efectivos”.
En las misivas, firmadas por el presidente de la asociación, se lamenta que, mientras el Gobierno aprueba en cada Consejo de Ministros partidas millonarias para armamento, mantenimiento y otras capacidades militares con un techo de gasto que ya supera los 34.000 millones, las necesidades del personal uniformado siguen sin ser atendidas ni materializadas.
“Es desolador observar cómo se aprueban cuantiosos gastos, mientras que las partidas destinadas al personal siguen sin concretarse”, denuncia la carta. La asociación recuerda que solicitó información al Ministerio de Defensa el pasado mayo, pero solo obtuvo una escueta respuesta indicando que el plan aún se encuentra en fase de “valoración, análisis y coordinación”.
ATME reitera que los militares continúan siendo uno de los colectivos peor remunerados de la administración pública, a pesar de la alta estima que la ciudadanía tiene hacia las Fuerzas Armadas. La situación se agrava con la inestabilidad laboral derivada de la alta temporalidad que afecta especialmente a las categorías más bajas.
Entre sus principales reivindicaciones, la asociación reclama una actualización salarial justa, la aprobación de una Ley Única de la Carrera Militar que incluya a todas las escalas, la declaración de la profesión como de riesgo, y la modernización de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes. Todas estas propuestas han sido elevadas al Ministerio y a representantes políticos en repetidas ocasiones, sin que hasta ahora hayan sido tomadas en consideración.
En la carta también se pone de relieve el peso social y político del colectivo militar, que abarca a unos 120.000 efectivos en activo, además de sus familias y entornos cercanos. Para ATME, esta comunidad se siente “olvidada” y considera que solo se la recuerda “cuando sus servicios son indispensables”.
Esta nueva acción de ATME se enmarca en una campaña de presión que busca situar en el centro del debate político la situación del personal militar. Tal como ya expresó en declaraciones recogidas por El Faro de Melilla en junio, la asociación considera que unos militares bien pagados y con una carrera profesional estable son “vitales para la seguridad nacional”.
Con estas cartas, ATME espera que se abra un canal de diálogo directo con las más altas instancias del Ejecutivo, al considerar “absolutamente crucial” que se escuchen las demandas del personal militar y se articulen soluciones concretas a su situación laboral y profesional.
