El Ministerio de Juventud e Infancia reunirá el próximo viernes 27 de junio a las comunidades autónomas en un nueva reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para informarlas sobre el proyecto de real decreto por el que se regula el procedimiento para la reubicación de menores migrantes.
Según han informado este lunes fuentes del Ministerio que dirige Sira Rego, se trata del real decreto que protocolizará los traslados, norma que llegará a esta sectorial tras haber pasado por la fase de audiencia pública y haber incorporado las peticiones de diferentes territorios y organizaciones de nuestro país.
En segundo lugar, en la misma reunión se presentará una propuesta de distribución de crédito extraordinario de 22 millones de euros para las Islas Canarias (8,5 millones), Ceuta (7), Melilla (4,5) e Islas Baleares (2).
Después de esta cita, el Consejo de Ministros aprobará el real decreto sobre el procedimiento de los traslados de los menores migrantes no acompañados desde zonas tensionadas a otros territorios y, durante el próximo mes de julio, el Ministerio convocará una nueva Conferencia Sectorial para "cerrar los últimos detalles legales".
Con este calendario, el Gobierno mantiene el mismo horizonte que se marcó hace algunos meses: que los traslados de jóvenes empiecen durante el verano.
Las fuentes del Ministerio han subrayado su deseo de que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular acudan esta vez a la Sectorial "con una actitud proactiva y con intención de trabajar".
Han remarcado que, "a pesar del bloqueo del orden del día en la pasada Comisión Sectorial del 28 de mayo", el Ejecutivo "vuelve a tender la mano a los territorios para poder seguir avanzando en una acogida solidaria, digna y vinculante" para estos jóvenes.
Desde Infancia han lamentado que el bloqueo solo ha servido para dilatar los plazos de aplicación de la ley cuando una actitud de trabajo habría permitido "destensionar" antes los sistemas de acogida de las comunidades autónomas en situación de contingencia migratoria.
"Feijóo ha preferido hacer seguidismo de la agenda ultra y racista de Vox antes que velar por los derechos de miles de niños y niñas y por los intereses de territorios como Ceuta y Canarias, donde también gobierna su partido", han criticado las fuentes.
Conflicto que viene de lejos
El debate sobre el reparto de menores migrantes no acompañados no es nuevo en España. Ya en el año 2023, el Gobierno intentó impulsar un acuerdo similar, pero se encontró con la resistencia de varias autonomías. En ese momento, la presión migratoria en las Islas Canarias comenzó a crecer de forma sostenida, con miles de llegadas que desbordaron los centros de acogida.
La reciente aprobación del real decreto ley por el Congreso de los Diputados pretendía desbloquear la situación, pero ha terminado reavivando el conflicto político. La inclusión del Tribunal Constitucional en este debate añade además un componente jurídico que podría tener consecuencias a largo plazo en la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Organizaciones de derechos humanos y asociaciones de defensa de la infancia han pedido a las administraciones priorizar el bienestar de los menores por encima de las disputas políticas. “Estamos hablando de niños y niñas en situación de vulnerabilidad extrema. La prioridad debe ser su protección, no el rédito político”, señaló la ONG Save the Children en un comunicado.
Expertos en derecho constitucional advierten que el debate no es solo técnico ni jurídico, sino también ético. “La solidaridad entre comunidades autónomas está en el ADN del modelo autonómico. La clave está en saber articularla respetando las competencias y los derechos fundamentales”, explica la catedrática en derecho constitucional, Laura Romero.
