La Autoridad Portuaria, en proceso judicial contra Levantina SL

La investigación judicial en torno al conocido como ‘caso Koldo’ sigue arrojando nuevas ramificaciones en distintos puntos del territorio nacional. Uno de los focos más recientes se encuentra en Melilla, donde un contrato público para la remodelación del tinglado número 5 del puerto ha quedado bajo el escrutinio de la justicia. El contrato, adjudicado en 2021 a la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L., ha pasado a formar parte del sumario judicial tras conocerse su posible vinculación con una presunta red de corrupción liderada por altos cargos del entorno del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Actualmente, la Autoridad Portuaria de Melilla se encuentra inmersa en un proceso judicial contra la empresa adjudicataria, que reclama una revisión extraordinaria de precios por valor de 54.000 euros. Sin embargo, el organismo rechaza la petición y ha decidido defenderse en los tribunales, respaldado por el abogado del Estado.

Bajo lupa

La obra en cuestión consiste en la remodelación del tinglado número 5, ubicado en el muelle ‘Espigón’ del puerto melillense, uno de los puntos de atraque habituales de los ferris que conectan la ciudad autónoma con la península. Según ha explicado Manuel Ángel Quevedo, presidente de la Autoridad Portuaria, el contrato fue licitado y adjudicado por la administración anterior, en el año 2021, cuando aún no había asumido el cargo.

La adjudicación inicial fue de 658.000 euros, pero durante la ejecución del proyecto se aprobaron modificaciones por problemas de cimentación y puertas, que supusieron un incremento del 10,6% (69.800 euros). A ello se sumó una liquidación final del 7,9% (57.200 euros), lo que elevó el coste total a 785.000 euros. La obra fue recibida oficialmente el 13 de marzo de 2023 y la liquidación se efectuó el 27 de junio de ese mismo año, pocos días antes de que la nueva dirección tomara posesión en julio.

Quevedo se ha desmarcado de este entramado, “todo estaba cerrado antes de nuestra llegada. La licitación, adjudicación, ejecución y liquidación del contrato se hicieron bajo el Gobierno anterior”.

Pese a que el contrato ya estaba finalizado, Levantina S.L. presentó una reclamación por una revisión extraordinaria de precios, exigiendo 54.000 euros adicionales. Según ha informado el presidente de la Autoridad Portuaria, tanto él como los técnicos del organismo evaluaron la solicitud y concluyeron que no se ajustaba a derecho. En consecuencia, firmaron una resolución negativa al pago.

La empresa, lejos de aceptar la negativa, presentó una demanda y actualmente ambas partes se enfrentan en un proceso judicial. La defensa de la Autoridad Portuaria está siendo coordinada por el abogado del Estado, como representante legal del organismo. Quevedo se muestra confiado en el resultado. “Estamos convencidos de ganar, sino en primera, en segunda instancia”, ha afirmado públicamente.

Financiación europea

Otro elemento relevante del caso es que la obra fue cofinanciada con fondos europeos FEDER, que aportaron 516.000 euros del total del presupuesto. Esta circunstancia obliga a que el expediente de contratación cumpla con altos estándares de transparencia y documentación, ya que los fondos europeos están sujetos a una fiscalización especialmente estricta.

“El expediente debe estar completo y bien documentado, porque los fondos FEDER no se conceden sin una revisión exhaustiva”, ha señalado Quevedo. Además, el presidente de la Autoridad Portuaria ha añadido que toda la documentación está a disposición de la justicia, de la UCO y de cualquier organismo que la requiera.

Conexión con el caso Koldo

El caso se complica con la aparición del nombre de Levantina Ingeniería y Construcción S.L. en la trama investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, conocida como el ‘caso Koldo’. Esta red, presuntamente liderada por Koldo García, asesor del exministro Ábalos, habría favorecido a determinadas empresas en la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones.

Según la declaración de Víctor de Aldama, considerado el comisionista de la red, Levantina formó parte de las empresas que pagaban comisiones fijas por obra para asegurarse contratos con el Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos. La empresa aparece como una de las cinco adjudicatarias preferentes en ese periodo.

Además, la UCO encontró durante los registros siete pendrives en la vivienda de José Ruz, accionista principal de Levantina y señalado como el “conseguidor” de la empresa. Uno de los documentos localizados estaba titulado “Gobierno de Cantabria. Consejería de Obras Públicas y Vivienda”, lo que sugiere que la red operaba en distintas comunidades y con varias administraciones.

Por si fuera poco, Levantina Ingeniería y Construcción S.L. se encuentra en una situación económica crítica. Según Manuel Ángel Quevedo, la empresa estaría en suspensión de pagos, lo que pone en duda su viabilidad futura y su capacidad para hacer frente a posibles responsabilidades legales y económicas.

Esta situación da lugar a las siguientes preguntas: ¿cómo una empresa con problemas financieros consiguió acceder a contratos públicos millonarios? ¿Existió realmente una red de favores y comisiones que alteró los procesos de contratación en distintos organismos?

Aunque el contrato de Melilla podría parecer un hecho aislado, forma parte de un entramado más amplio. La presunta trama corrupta que se investiga habría operado mediante el reparto sistemático de adjudicaciones públicas a cambio de pagos ilegales, lo que supone una grave erosión a los principios de transparencia y equidad en la Administración Pública.

El caso no solo afecta al antiguo Ministerio de Transportes, sino que ha salpicado a otros gobiernos autonómicos, empresas privadas y responsables políticos de primer nivel. La justicia trabaja actualmente en cruzar los expedientes y relaciones empresariales que podrían confirmar la existencia de una organización corrupta estructurada.

El proceso judicial abierto entre la Autoridad Portuaria de Melilla y Levantina S.L. es solo una arista más de un escándalo que sigue creciendo. 

El caso demuestra, una vez más, la importancia de la vigilancia judicial y del control administrativo en la gestión de los recursos públicos. La justicia tendrá la última palabra, pero el mensaje desde Melilla es claro: la legalidad no se negocia y cualquier intento de manipularla será respondido con determinación y con todas las herramientas del Estado de derecho.