La Comisión Europea evalúa una reforma que permitiría incrementar el actual descuento del 75% en los billetes de avión para residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, en los momentos del año en los que los precios se disparan por la alta demanda. Esta posibilidad surge tras una solicitud del Gobierno español, que busca contener los costes para los ciudadanos de territorios extrapeninsulares y frenar el encarecimiento de los costes de los vuelos observado desde 2018.
La iniciativa europea contempla introducir un “importe máximo” de referencia: una cifra a partir de la cual el porcentaje de bonificación podría incrementarse, sin que esto distorsione el equilibrio del mercado. Así lo recoge la respuesta de Bruselas a una carta enviada en febrero por el director general de Aviación Civil, David Benito, dirigida a la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión.
En el documento, España planteaba formalmente un plan piloto acordado previamente con el Gobierno de Canarias. La propuesta incluía la aplicación de topes a los precios de los billetes en rutas de alta demanda, amparándose en la figura de Obligación de Servicio Público (OSP). Tres rutas fueron señaladas para esta prueba inicial: Lanzarote-Madrid, Menorca-Barcelona y Melilla-Madrid.
La medida pretendía ser una experiencia de referencia para extender posteriormente el modelo a otras conexiones entre las islas o ciudades autónomas y la península. Sin embargo, la Comisión Europea ha manifestado reticencias a esta idea. Considera que no se cumplen las condiciones necesarias para declarar estas rutas bajo una OSP, dado que existe suficiente demanda y competencia entre aerolíneas.
Como ejemplo, Bruselas menciona el trayecto Menorca-Barcelona, que en 2023 transportó a más de 932.000 pasajeros, con una oferta de 58 frecuencias semanales a cargo de compañías como Vueling y Ryanair. Bajo estos parámetros, el Ejecutivo comunitario entiende que no hay una “deficiencia de mercado” que justifique limitar los precios.
No obstante, la Comisión, a través de su director de Aviación, Filip Cornelis, ha abierto la puerta a modificar el sistema actual de bonificaciones. Cornelis admite que la legislación europea no impide adaptar las ayudas a los residentes, e incluso sugiere que podrían ajustarse según el coste del billete. Esta opción, explicó, sería especialmente relevante en contextos marcados por una baja capacidad adquisitiva o un alto coste de vida en zonas geográficamente aisladas, como ocurre en muchas regiones insulares o en las ciudades autónomas.
Bruselas también ha expresado dudas sobre la base argumental del plan español. Advierte que los datos disponibles no muestran un incremento generalizado de precios en todas las rutas seleccionadas para el planteamiento piloto. Asimismo, alerta sobre el riesgo de distorsión en la competencia del sector turístico si se aplicaran topes también a los billetes de pasajeros no residentes, como es el caso de los turistas.
En paralelo, el Gobierno de España ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de intervenir el mercado aéreo en las rutas más sensibles, como la que une Melilla con Madrid. En este sentido, plantea establecer un precio máximo para los billetes que conectan la ciudad autónoma con la capital del país. Esta conexión, esencial para la movilidad de los melillenses, ha sido históricamente objeto de preocupación por la falta de alternativas y la elevada tarifa en fechas clave.
Con este nuevo impulso institucional, se reabre el debate sobre la eficacia del actual sistema de descuentos para residentes y las herramientas disponibles para garantizar una conectividad asequible entre los territorios extrapeninsulares y la península. La Comisión Europea, por su parte, parece dispuesta a colaborar en la búsqueda de fórmulas que, sin perturbar la competencia, permitan a los ciudadanos seguir ejerciendo su derecho a la movilidad en condiciones equitativas.
