El Foro Judicial Independiente ha mostrado su más firme oposición a los dos proyectos legislativos promovidos por el Gobierno de Pedro Sánchez y aprobados en Consejo de Ministros el pasado 13 de mayo. La organización denuncia que estas reformas suponen una grave amenaza para la independencia judicial y la calidad del sistema de justicia en España. Así lo ha manifestado su presidente y exdecano de Melilla, Fernando Germán Portillo, en declaraciones a El Faro, en las que advierte que, si el Ejecutivo no rectifica, no se descarta convocar una huelga en la carrera judicial y fiscal.
Las reformas criticadas por el Foro son, por un lado, el proyecto de ley que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal y, por otro, el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ambos textos han sido tramitados por la vía de urgencia, algo que ha despertado suspicacias en el sector jurídico. “No existe una demanda social que justifique esta urgencia. Se está hurtando el debate necesario en las Cortes Generales y se prescinde de informes que podrían ser preceptivos”, ha lamentado Portillo.
En su análisis, el magistrado señala que los cambios planteados rebajan los estándares de excelencia en el acceso a la judicatura y a la fiscalía. “Se eliminan contenidos esenciales para nuestra formación y se introducen pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”, alerta. Uno de los aspectos más sensibles para el colectivo judicial es la creación de una Academia Pública de Preparación de Opositores, dependiente directamente del Ejecutivo. Para el Foro Judicial Independiente, esto implica el riesgo de “una selección ideológica” que ponga en entredicho la neutralidad de quienes accedan a estas profesiones.
“Es un modelo que tenderá a autovalidarse, a generar aprobados desde dentro, porque es la única forma de justificar su existencia”, afirma Portillo. Además, considera que la reforma politiza órganos clave como la Comisión de Ética Judicial, al introducir representantes del Parlamento en su composición. “Están metiendo la política donde no debe estar”, advierte.
Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de convertir automáticamente en jueces y fiscales de carrera a 1.300 sustitutos, sin pruebas que midan adecuadamente su capacidad. Para el Foro, esta medida atenta contra los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad, y perjudica gravemente a las promociones más jóvenes, así como a los miles de opositores que se preparan de forma independiente.
En cuanto al Ministerio Fiscal, Portillo critica que el anteproyecto refuerza el poder del Fiscal General del Estado, nombrado directamente por el Gobierno, y elimina garantías internas de autonomía de los fiscales. “Esto abre aún más la puerta a la injerencia política y eleva el riesgo de corrupción”, sentencia.
Desde el Foro enmarcan esta ofensiva legislativa en un contexto más amplio de descrédito del Poder Judicial y ataques desde la política. “Hay declaraciones que deslegitiman las resoluciones judiciales que no gustan y que intentan presentar al fiscal como un apéndice del Gobierno. Así se mina la confianza ciudadana en la justicia”, alerta el presidente del Foro Judicial Independiente.
Portillo concluye que todas estas medidas conducen a un modelo de poder judicial más débil, más maleable y vulnerable a las presiones políticas y mediáticas. “Nos reprimimos, pero estas reformas van a producir un poder judicial disminuido, en la senda de democracias iliberales que realmente por eso ya no lo son”, ha declarado, dejando clara la gravedad con la que perciben los cambios impulsados desde Moncloa.
En paralelo a sus críticas, el Foro mantiene una reivindicación histórica: la creación masiva de plazas judiciales y fiscales para agilizar el sistema y garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía. “Esto también forma parte de nuestra lucha. No se puede hablar de justicia sin recursos humanos suficientes”, concluye.
