Melilla se ha convertido en el territorio donde más ha subido el precio de la vivienda en toda España durante el primer trimestre de 2025. Así lo reflejan los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan el incremento interanual en un 14%, el más elevado del país junto con Andalucía. Este aumento, el mayor desde el año 2007, pone de manifiesto una tendencia preocupante: vivir en Melilla es cada vez más caro, especialmente cuando se trata de acceder a una vivienda.
Este encarecimiento se produce en un contexto nacional marcado por una alta demanda de vivienda, una oferta insuficiente y unos tipos de interés que han favorecido el acceso al crédito, lo que ha impulsado las compraventas. La escasez de suelo disponible, el retraso en nuevas promociones inmobiliarias y la falta de vivienda social están generando una presión insostenible en muchas regiones. En Melilla, este fenómeno se intensifica por las características propias del mercado local y su limitada disponibilidad de terreno urbanizable.
Los datos del INE no solo reflejan un aumento sostenido de los precios, sino que consolidan una tendencia que acumula ya 40 trimestres consecutivos al alza. En el primer trimestre de este año, la vivienda nueva en España subió un 12,2 % respecto al mismo periodo de 2024, mientras que la de segunda mano se encareció un 12,3 %. La media nacional se situó en una subida del 12,2 %, pero Melilla destacó por estar dos puntos por encima.
Además del aumento de precios en propiedad, otro aspecto crítico en la ciudad es el alquiler. Según recogió recientemente El Faro de Melilla, entre el 45 % y el 55 % del salario medio mensual de un melillense se destina exclusivamente al pago del alquiler. Este porcentaje supera ampliamente el umbral de endeudamiento recomendado por organismos internacionales como Naciones Unidas o el Banco de España, que sitúan el límite razonable en torno al 30 %.
La realidad es que muchas familias melillenses están haciendo verdaderos malabarismos para pagar sus viviendas, ya sea en propiedad o en régimen de alquiler. Este esfuerzo económico afecta especialmente a los jóvenes que desean emanciparse, a las personas mayores con pensiones limitadas y a las familias con ingresos modestos. El acceso a la vivienda se ha convertido, por tanto, en un factor de exclusión social que limita el desarrollo y la estabilidad de buena parte de la población.
Según datos del Banco de España, el país arrastra un déficit acumulado de entre 400.000 y 450.000 viviendas desde 2022 a 2024. Para 2025, se calcula que será necesario sumar otras 150.000 unidades adicionales, lo que eleva la necesidad de nuevas viviendas en todo el territorio nacional a unas 600.000. Este déficit no solo afecta a grandes ciudades como Madrid o Barcelona, sino también a enclaves como Melilla, donde la construcción de nuevas viviendas ha sido limitada en los últimos años.
El futuro próximo tampoco ofrece señales alentadoras. BBVA Research prevé que el precio de la vivienda seguirá subiendo en 2025 y 2026, con un incremento medio anual del 6,5 %. Por su parte, promotoras como Neinor Homes, Vía Ágora o Metrovacesa consideran que, aunque las actuales subidas son insostenibles a largo plazo, el ciclo alcista aún podría prolongarse otros tres o cuatro años más.
En el caso concreto de Melilla, la situación evidencia una necesidad urgente de intervención pública. Sin medidas eficaces que incrementen el parque de vivienda asequible y contengan la escalada de precios, el acceso a un hogar digno se aleja cada vez más para cientos de ciudadanos. El derecho a la vivienda, reconocido por la Constitución Española, está en riesgo de convertirse en papel mojado en una ciudad donde vivir ya no es una garantía, sino un desafío diario.
