El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, expresó su rechazo a la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo 6 de junio, argumentando que este tipo de encuentros carece de resultados prácticos y no ofrece soluciones reales a los problemas que enfrentan las comunidades autónomas.
En declaraciones a los medios, el mandatario ha criticado la gestión del Gobierno central en materia de financiación y deuda, y ha pedido una reforma estructural del sistema de financiación autonómica.
Según Imbroda, la situación financiera de Melilla se ve gravemente afectada por las políticas del Ejecutivo central, al que acusa de obstaculizar el uso de los recursos propios de la ciudad.
En lugar de permitir que el superávit presupuestario se destine a inversiones necesarias, como la construcción de viviendas sociales, el Gobierno obliga a destinar ese dinero al pago anticipado de deuda, incluso más allá de lo legalmente comprometido.
"Este año vamos a pagar anticipadamente entre 18 y 19 millones de euros. Con ese dinero podríamos construir 100 viviendas sociales. Pero no nos dejan. No solo no se nos condona nada, sino que se nos impide invertir en nuestras propias necesidades", ha declarado.
Imbroda ha contrastado la situación de Melilla con otras comunidades autónomas, en especial Cataluña, a la que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ofrecido la posibilidad de condonar parte de su deuda. El presidente ha señalado que estas decisiones generan desigualdades entre territorios y provocan un trato injusto hacia comunidades gobernadas por el Partido Popular.
"Se ha planteado condonar deuda a algunas comunidades porque, según se dice, se la han gastado en sus ciudadanos. Pero a nosotros no solo no se nos perdona nada, sino que ni siquiera se nos deja gastar nuestro dinero en nuestros ciudadanos. Eso no es equitativo, ni justo".
Además de criticar las políticas de deuda, Imbroda también ha hecho hincapié en la necesidad de abordar una revisión urgente del modelo de financiación autonómica, que considera obsoleto y desajustado respecto a la realidad actual. Señaló que el sistema vigente que data de 2009, no responde a las necesidades actuales de las comunidades, cuyos costes de servicios sociales y competencias han aumentado de forma significativa en los últimos años.
"Con el modelo actual, estamos asumiendo competencias que deberían ser del Estado, como sanidad o educación, por las que Melilla está soportando unos 30 millones de euros anuales sin recibir la financiación correspondiente".
El presidente ha advertido de que la infrafinanciación de la ciudad no solo afecta a la calidad de vida de los ciudadanos, sino que limita la capacidad del gobierno local para desarrollar políticas públicas eficaces.
En ese contexto, ha exigido que se abra un debate serio y responsable sobre cómo redistribuir los recursos del Estado entre las comunidades de manera más justa y equilibrada.
En relación con las inversiones del Gobierno central en Melilla, Imbroda ha cuestionado la falta de actuaciones significativas desde la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.
Según ha afirmado, no se han producido nuevas inversiones relevantes en obra pública durante los últimos años, y los pocos proyectos en curso proceden de presupuestos heredados de anteriores legislaturas.
"Me gustaría que el día 6 alguien me dijera qué inversiones nuevas ha hecho este Gobierno en Melilla desde 2018. No hay ninguna. Todo lo que se está haciendo viene de antes. Es evidente que no somos una prioridad para el Ejecutivo actual.
Por todo ello, Imbroda ha manifestado su escepticismo sobre la utilidad de la próxima conferencia de presidentes. Considera que estos foros son, en su mayoría, encuentros formales sin impacto real en la política territorial y no ofrecen respuestas concretas a los problemas estructurales que enfrentan las comunidades autónomas.
"¿Qué quieren que haga el día 6? ¿Ir allí a escuchar promesas vacías mientras aquí no nos dejan ni usar nuestro propio dinero para mejorar la ciudad? Esta reunión, como muchas otras, no sirve para nada si no se toman decisiones reales".
El presidente concluyó reclamando un nuevo modelo de relación entre el Estado y las comunidades, basado en la corresponsabilidad fiscal, el respeto a la autonomía financiera y una distribución equitativa de los recursos públicos.
