La Asamblea de Melilla ha dado este lunes un paso importante para la regularización urbanística de una de las zonas con mayores problemas estructurales de la ciudad. Con el apoyo unánime de los 21 diputados presentes —representantes del PP, PSOE, CPM y el diputado no adscrito—, se ha aprobado definitivamente el estudio de detalle para la delimitación de alineaciones y rasantes exteriores de la Unidad Mínima Diferenciada comprendida entre las calles Dámaso Alonso, Pedro Salinas y el espacio libre de la UE 09, en el barrio de Ataque Seco.
Este estudio de detalle, permite adaptar la configuración urbana a la realidad existente, regulando con mayor precisión aspectos como las alineaciones, rasantes y límites de ocupación de la vía pública. En su intervención, el diputado de Coalición por Melilla (CPM), Rachid Bussian defendió la necesidad de actuar sobre esta zona, donde —según explicó— existen importantes problemas de accesibilidad y organización del espacio público.
"Abordamos un tema que, como es habitual, llega de la mano de particulares, promotores y profesionales que, mediante estudios de detalles, tratan de resolver situaciones urbanísticas concretas. En este caso, se trata de definir elementos de medición ante una ocupación de la vía pública que no estaba clara”, explicó Bussian.
El diputado fue más allá del expediente concreto y lo situó dentro de un problema estructural más amplio: la ausencia de una actualización del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Según denunció, son muchas las barriadas y distritos de Melilla —no solo los periféricos, sino también los del centro urbano— que se encuentran en una especie de "limbo urbanístico", a la espera de un nuevo plan general que permita ordenar el desarrollo de la ciudad con criterios actuales y sostenibles.
“Este expediente es un claro ejemplo de esa indefinición urbanística. Ni los vehículos de emergencia ni los servicios pueden acceder con normalidad, ni los propios vecinos pueden circular sin complicaciones. Estamos regulando de forma extemporánea una situación que lleva años sin resolverse, y en algunos casos, con difícil solución”, argumentó.
Además, el diputado de CPM, se dirigió al consejero de Fomento, Miguel Marín, quien reprochó que durante el tiempo que lleva al frente del área no haya avanzado en la redacción o aprobación de un nuevo PGOU. Marín, por su parte, replicó con firmeza, defendiendo la utilidad del instrumento que se aprobaba en ese momento y rechazando que tuviera una relación directa con la necesidad de un nuevo plan general.
“Lo que hoy traemos no es un debate sobre el PGOU, sino un estudio de detalle. Se trata de una herramienta contemplada en el plan vigente para adaptar una situación real que existe en esa zona, y lo que hacemos es dar solución a una anomalía urbanística puntual con los medios legales existentes”, explicó el consejero.
Marín admitió, no obstante, que la actualización del PGOU es una necesidad a medio plazo, pero defendió que la prioridad actual del Gobierno local debe ser la construcción de vivienda pública, la agilización de licencias de ocupación y el desarrollo de zonas ya contempladas en el plan vigente, como el de Primo de Rivera. A su juicio, los recursos y el tiempo disponible deben centrarse en “lo importante”, que es dar respuesta a las urgencias habitacionales y urbanísticas más inmediatas.
“El tiempo es limitado, los recursos también. Para nosotros es prioritario reducir los plazos para obtener licencias, construir vivienda protegida y poner en marcha suelo ya planificado. Eso es ser pragmáticos. Por supuesto que habrá un nuevo PGOU, pero hoy por hoy hay que trabajar con lo que ya tenemos”, añadió Marín.
Desde CPM se insistió, en respuesta, en que “cuatro años es tiempo más que suficiente” para haber impulsado un nuevo plan general, y que los retrasos actuales solo provocan más parches urbanísticos y soluciones fragmentadas como las que se vienen abordando en este tipo de estudios de detalle. El diputado de CPM, Rachid Bussianl, recordó que durante la anterior legislatura no se construyó “ni una sola vivienda de protección oficial”, y que los problemas de acceso, movilidad y ordenación urbana siguen siendo los mismos o incluso se han agravado.
Pese a este cruce de valoraciones políticas, todos los grupos coincidieron en la necesidad de resolver la situación concreta del barrio de Ataque Seco, permitiendo que las actuaciones urbanísticas en esa zona se ajusten a los parámetros establecidos y eliminando las ambigüedades legales y técnicas existentes hasta la fecha.
Por último, este punto se aprobó por unanimidad sumando los votos favorables del Partido Popular, el Partido Socialista, Coalición por Melilla y el diputado no adscrito, Javier Da Costa, sumando así 21 puntos.
