La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una grave advertencia sobre la situación que atraviesan los docentes de la escuela pública en España, situación que golpea de lleno a Melilla. Según los datos extraídos de una encuesta nacional realizada entre más de 5.000 profesores de toda España, la mitad ha padecido en algún momento situaciones violentas en su entorno laboral.
En el caso de las dos ciudades autónomas, las únicas en las que el Ministerio de Educación tiene competencia en exclusiva, el porcentaje de los docentes de centros públicos que afirman haber sufrido agresiones se eleva al 59,02%, según los datos aportados por el sindicato.
Estas agresiones no se limitan a insultos o amenazas verbales: uno de cada diez docentes asegura haber sido víctima de agresiones físicas, mientras que los conflictos derivados del uso de móviles y redes sociales entre el alumnado se han convertido por primera vez en el segundo problema de convivencia más detectado en los centros.
El informe, elaborado por CSIF con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, celebrado el pasado 2 de mayo, revela que los docentes se sienten cada vez más desprotegidos y que la autoridad del profesorado ha sufrido un alarmante retroceso en los últimos años.
Según los resultados, un 53% de los incidentes sufridos por los docentes corresponden a agresiones verbales (insultos, amenazas, mofas y faltas de respeto), mientras que un 22,25% están relacionados con problemas en redes sociales y un 11,45% con agresiones físicas. Además, uno de cada cinco docentes denuncia haber sido víctima de varios tipos de agresión, y más de la mitad de quienes sufren estos episodios son mujeres.
Desde CSIF Melilla, el sindicato expresa su profunda preocupación por la ausencia de protocolos claros, efectivos y uniformes para prevenir, atender y sancionar las agresiones que sufre el profesorado. “Muchos docentes no denuncian por vergüenza, por temor a represalias o para no empañar el buen nombre del centro, pero esa actitud les hace un flaco favor a ellos y a sus compañeros”, afirman.
El sindicato advierte que, en la ciudad, las respuestas suelen ser improvisadas, desiguales y, en demasiadas ocasiones, invisibilizadas por una cultura de normalización de la violencia.
Por ello, CSIF exige a las autoridades educativas de Melilla la implementación inmediata de protocolos de actuación ante situaciones de agresión, que garanticen la protección integral del personal docente y no docente.
También reclaman la formación específica de equipos directivos y docentes en el manejo de conflictos y la prevención de violencia en el entorno escolar, el acompañamiento psicológico y legal a los trabajadores víctimas de agresiones, y la creación de un registro oficial y transparente de los casos de violencia contra el profesorado, que permita dimensionar adecuadamente el problema y actuar en consecuencia.
Este panorama ya había sido denunciado en 2023 por Luis Escobar, máximo dirigente entonces del sector de educación de CSIF, en declaraciones a El Faro de Melilla. “La Administración nos tiene abandonados y de ahí derivan muchos de los problemas que vivimos en las aulas”, advertía entonces.
Escobar subrayaba que la falta de apoyo institucional, sumada a la presión social y a la pérdida de reconocimiento hacia la figura del docente, estaba deteriorando gravemente la moral del profesorado y poniendo en riesgo la calidad educativa. “No podemos seguir trabajando bajo amenazas, con miedo a ser agredidos, insultados o expuestos en redes sociales por hacer nuestro trabajo”, señalaba.
El sindicato recalca que la educación pública no puede sostenerse en un contexto de violencia normalizada. “Garantizar entornos seguros y respetuosos no es solo una cuestión de bienestar laboral, sino una condición indispensable para hablar de calidad educativa”, remarcan desde CSIF. A su juicio, resulta imprescindible que las autoridades asuman su responsabilidad y adopten medidas contundentes para proteger a quienes sostienen el sistema educativo día a día.
Mientras no se tomen decisiones firmes, el sindicato advierte que la violencia en las aulas seguirá siendo una amenaza no solo para los docentes, sino para toda la comunidad educativa. Por ello, CSIF se compromete a continuar luchando por la defensa de los derechos del profesorado, exigiendo políticas públicas claras, valientes y comprometidas con el respeto, la seguridad y la justicia dentro del ámbito escolar.
Y en proporción mayor aún fueron pisoteados por la Administración educativa local y nacional.