El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) continúa sin remitir al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid la documentación que se le solicitó en el marco de la investigación sobre el megacontrato de mascarillas adjudicado durante la pandemia de COVID-19 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta falta de respuesta se produce a pesar de que otras comunidades autónomas implicadas en la operación ya han entregado la información requerida por el magistrado.
El contrato bajo investigación asciende a 13,5 millones de euros y fue adjudicado en 2020 a la empresa Hyperin Grupo Empresarial SL, una sociedad sin experiencia previa en el suministro de material sanitario. El procedimiento fue gestionado por Ingesa, que actuó como canalizador de la compra para distintas comunidades autónomas en un momento crítico de emergencia sanitaria. Sin embargo, las pesquisas judiciales apuntan a posibles irregularidades, entre ellas el adelanto de pagos sin las debidas garantías y la falta de trazabilidad del destino final de las mascarillas.
Según ha informado The Objective, medio que ha tenido acceso al sumario, el juez instructor había solicitado desde hace meses documentos clave al Instituto y a los gobiernos autonómicos participantes. Mientras varias regiones han respondido con puntualidad a los requerimientos judiciales, Ingesa aún no ha cumplido con esta obligación, lo que está generando preocupación entre los investigadores y podría acarrear consecuencias legales si se considera una obstrucción a la justicia.
La documentación requerida incluye informes de conformidad emitidos por las autonomías, justificantes de recepción de los productos, comprobantes de pago y correspondencia entre los organismos implicados y la empresa adjudicataria. La ausencia de estos documentos impide esclarecer si el material contratado fue entregado en su totalidad, en qué condiciones se produjo dicha entrega y si hubo algún tipo de negligencia o incumplimiento por parte de la empresa o de los órganos administrativos que gestionaron el proceso.
Este episodio se suma a otros incidentes similares registrados a lo largo de la investigación. En septiembre de 2024, el Ministerio de Sanidad envió al juzgado un DVD vacío en respuesta a un requerimiento oficial, un hecho que fue duramente criticado en su momento por diversas fuerzas políticas y que alimentó las sospechas de falta de colaboración institucional. La reiteración de estas situaciones ha provocado inquietud en el juzgado, que podría adoptar medidas más firmes si persiste la falta de cooperación por parte del organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.
Además de la posible obstrucción, el juez no descarta abrir nuevas líneas de investigación que impliquen a otros cargos o instituciones si se demuestra que hubo conocimiento y consentimiento de las supuestas irregularidades. Las consecuencias legales podrían abarcar delitos como malversación de fondos públicos, prevaricación y fraude.
El caso ha cobrado una notable dimensión política. Desde la oposición se ha acusado al Gobierno central de falta de transparencia y de encubrir posibles irregularidades cometidas durante la gestión de las compras sanitarias en pandemia. Algunos partidos han solicitado incluso la apertura de comisiones parlamentarias para esclarecer los hechos.
El contrato con Hyperin Grupo Empresarial SL fue cuestionado desde sus primeras fases, especialmente por algunas comunidades autónomas que mostraron su malestar por la forma en que se gestionó la compra y la escasa información disponible sobre los procesos de adjudicación. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que en varias comunicaciones internas ya se manifestaban dudas sobre la idoneidad de la empresa y la viabilidad del contrato.
El Faro de Melilla ha contactado con Ingesa para conocer los motivos por los cuales aún no se ha remitido la documentación solicitada por el juez. Fuentes oficiales del organismo dependiente del Ministerio de Sanidad asegura que sí entregó lo que se le pidió y, además, deja claro que solo hará declaraciones cuando haya sentencia. "No acostumbramos a comentar procesos judiciales en curso", apuntaron.
La investigación sigue abierta y se mantiene en una fase crucial. Las próximas semanas serán determinantes para esclarecer el alcance real de las supuestas irregularidades y para depurar responsabilidades en una operación que comprometió millones de euros del erario público en uno de los momentos más críticos de la crisis sanitaria.
