La asociación Teama se ha unido a las reivindicaciones de las familias de los Centros de Educación Infantil para la instalación “progresiva y regulada” de sistemas de videovigilancia. Con fecha 13 de abril, se presentó la petición adjunta a la Dirección Territorial del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFPyD) de Melilla, solicitando que se haga extensiva a todos los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Melilla.
Esta petición se fundamenta, expone Teama en su escrito, en hechos recientes de dominio público “que evidencian una preocupante exposición de los menores a situaciones de violencia en el entorno escolar, como la agresión física a un alumno con parálisis cerebral en un instituto y el maltrato de una cuidadora a un bebé en una guardería”.
Además, la asociación asegura que estos no son casos aislados, sino que, “por desgracia, es algo que ocurre con más frecuencia”. Estos casos, continúa el escrito, no sólo demuestran la urgencia de adoptar medidas de protección efectivas, sino también la necesidad de dotar al sistema educativo de medios que permitan detectar, prevenir y probar de forma inequívoca cualquier acto de violencia contra los menores.
Según Teama, diversos estudios e informes señalan que el bullying escolar afecta con mayor severidad a los menores con discapacidad. La asociación se basa en datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad (2020), según los cuales el 23% del alumnado con discapacidad intelectual sufre acoso escolar de forma frecuente. Asimismo, el informe ‘Yo a eso no juego’, de Save the Children (2021), prosigue la carta, indica que los menores con discapacidad tienen hasta cuatro veces más probabilidades de ser víctimas de acoso que sus compañeros sin discapacidad. Además, en muchos casos, estos episodios quedan sin denunciar por las barreras de comunicación o por falta de herramientas de detección adecuadas en los centros educativos.
El escrito se sustenta, apunta Teama, en lo establecido por la normativa nacional e internacional en materia de protección de menores, entre las que destacan el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que establece el interés superior del menor como principio rector; la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, que refuerza el deber de las administraciones públicas de garantizar su integridad física y moral; la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, especialmente en su artículo 30; el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que permiten la instalación de videovigilancia con fines legítimos de protección siempre que se respeten los principios de proporcionalidad, necesidad y minimización de datos.
Por todo ello, y además de pedir la instalación de cámaras de videovigilancia, Teama solicita también que se prioricen los centros que escolarizan alumnado con discapacidad o necesidades educativas especiales, “dada su mayor vulnerabilidad”, y que se promueva la elaboración de un protocolo específico de uso de estos sistemas para garantizar su finalidad de protección, su proporcionalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
En el escrito, que rubirca la presidenta de la asociación, Susana Morillo, y que se dirige específicamente a la directora provincial del MEFPyD, Elena Fernández Treviño, Teama se reafirma en el compromiso social que mantiene, desde hace 13 años, con la protección de la infancia y la adolescencia, especialmente de aquellos menores con discapacidad o necesidades educativas especiales y muy particularmente, con la atención y defensa de los derechos de personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y otros trastornos del desarrollo.
