El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha mostrado este miércoles su confianza en que el Congreso de los Diputados convalidará mañana jueves el real decreto ley aprobado por el Gobierno para regular el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas. El texto legal, que busca descongestionar los centros de acogida de territorios fronterizos como Canarias, Ceuta y Melilla, ha sido calificado por Torres como una solución “estructural, histórica e inédita”.
Durante su participación en la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias celebrada en Santiago de Compostela, el ministro defendió que el decreto no está dirigido exclusivamente a las comunidades con mayor presión migratoria, sino que introduce un modelo de solidaridad obligatoria para toda España. “No se trata de una medida puntual, sino de una respuesta coordinada a un fenómeno estructural que afecta al conjunto del país”, sostuvo ante los periodistas.
Rechazo en Melilla
Sin embargo, esta iniciativa ha generado rechazo en Melilla. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, manifestó recientemente su oposición frontal al reparto que contempla el decreto y ha exigido que Melilla quede excluida de su aplicación. Según fuentes del Ejecutivo melillense, Imbroda trasladará esta exigencia al Gobierno central alegando que la ciudad ya soporta desde hace años una carga excesiva y desproporcionada en materia de acogida de menores migrantes no acompañados.
En la actualidad, los centros de acogida de Melilla se encuentran por encima de su capacidad operativa. En varias ocasiones, tanto asociaciones locales como responsables del área de Políticas Sociales han advertido del colapso del sistema de tutela, que se ve agravado por la falta de recursos humanos y materiales. A esta situación se suma el elevado coste económico que representa mantener a estos menores. Tal como publicó El Faro de Melilla en un informe anterior, el gasto por cada menor tutelado se acerca a los 60.000 euros anuales, lo que supone una carga considerable para el presupuesto autonómico.
Un reparto que genera tensiones
El ministro Torres explicó que el criterio territorial tendrá en cuenta la capacidad real de acogida de cada comunidad, pero reiteró que aquellas regiones con litoral y cercanas a África, como es el caso de Melilla, presentan mayores posibilidades de recibir menores. A pesar de ello, insistió en que el espíritu del decreto es distribuir de forma justa y legal a los menores no acompañados, atendiendo al principio de solidaridad interterritorial.
El decreto llega en un contexto marcado por el fallo del Tribunal Supremo que obliga al Estado a asumir la tutela de un millar de menores refugiados que actualmente se encuentran en Canarias, una situación que también ha puesto de relieve los límites de la actual estructura de acogida. Torres afirmó que el Gobierno aún dispone de margen temporal para dar cumplimiento a la sentencia y confirmó que se están manteniendo “reuniones de trabajo productivas” con el Ejecutivo canario.
En paralelo, varias comunidades autónomas han expresado dudas o reservas ante la posibilidad de que el reparto sea impuesto, aunque otras, como Castilla-La Mancha o Aragón, ya han mostrado disposición a colaborar si se garantizan recursos estatales suficientes.
Melilla pide excepción
Desde Melilla, el mensaje es claro: la ciudad no puede asumir más menores. Fuentes del Gobierno autonómico sostienen que la ubicación geográfica de Melilla, su limitada extensión territorial y la complejidad administrativa y social hacen inviable la ampliación del número de menores tutelados. Además, recuerdan que Melilla no forma parte del sistema general autonómico, lo que complica aún más la implementación de normativas que no tienen en cuenta su singularidad.
El Ejecutivo local insiste en que Melilla no debe ser tratada como una comunidad autónoma más, sino como un territorio fronterizo con particularidades que requieren un enfoque diferenciado. “No es una cuestión de insolidaridad, sino de supervivencia del sistema actual”, recalcan desde el entorno de Imbroda.
La votación en el Congreso de los Diputados está prevista para este jueves. El Gobierno necesita una mayoría simple para convalidar el decreto y fuentes parlamentarias apuntan a que cuenta con los apoyos suficientes tras las conversaciones mantenidas con distintos grupos. No obstante, el debate promete ser tenso, dada la sensibilidad social y política que rodea la gestión migratoria, especialmente cuando involucra a menores de edad.
En Melilla, la decisión que se tome en la Cámara Baja será observada con máxima atención, ya que marcará el futuro inmediato de su política de acogida y podría abrir un nuevo frente de tensión institucional con el Ejecutivo central si la ciudad es finalmente incluida en el reparto obligatorio.
