El comité de empresa del Centro de Reforma de Menores Fuerte de la Purísima ha expresado su firme rechazo a la citación de varios trabajadores por parte del Área del Menor de la Consejería de Políticas Sociales y Salud Pública, tras los incidentes ocurridos el pasado 28 de marzo, cuando decenas de menores internos protagonizaron un motín. Los representantes sindicales denuncian que estas citaciones carecen de fundamento legal, ya que los empleados no son funcionarios, sino personal de la empresa pública Tragsatec.
El comunicado del comité, difundido este martes, califica de “injustificable” la decisión de la Consejería de citar a algunos trabajadores que estaban presentes durante los hechos, sin aclarar en qué calidad han sido requeridos: “Nos preguntamos si deben acudir como testigos, como investigados o como qué, porque ya existen informes redactados y la dirección del centro está al tanto de lo sucedido”.
El motín del 28 de marzo
Los hechos a los que se refieren tuvieron lugar el viernes 28 de marzo, cuando un grupo numeroso de menores acogidos en el centro exigió el pago de 10 euros con motivo del final del Ramadán. Según publicó El Faro de Melilla, la exigencia se extendió entre los internos como una reivindicación colectiva, generando una situación de tensión que fue en aumento. Al no obtener una respuesta favorable por parte de la dirección, algunos jóvenes iniciaron un motín, provocando altercados y alterando el funcionamiento del centro.
Durante el incidente, algunos menores se negaron a volver a sus módulos, increparon al personal y pusieron en riesgo la seguridad de las instalaciones. Fue necesaria la intervención tanto del equipo del centro como de las fuerzas de seguridad para recuperar el control de la situación. La empresa gestora y la dirección elaboraron informes sobre lo ocurrido, y se interpusieron denuncias ante las autoridades competentes.
Denuncia presión institucional
En su comunicado, el comité de empresa critica no solo a la administración, sino también a la empresa gestora, por permitir lo que consideran una exposición innecesaria de los trabajadores. “Si la empresa quiere conocer más detalles de lo ocurrido, debe hacerlo internamente y no mostrando dudas sobre la actuación de los compañeros ante agentes externos”, advierten.
Para los representantes sindicales, estas citaciones suponen una presión injustificada hacia unos trabajadores que actuaron con profesionalidad durante un momento delicado. “No entendemos por qué deben acudir a declarar cuando ya se elaboraron los informes pertinentes”, señalan. También recuerdan que los empleados del centro no tienen relación contractual con la Consejería: “Pertenecen a Tragsatec, y no tienen por qué responder ante una administración para la que no trabajan”.
Además, el comité insta a la administración a asumir directamente la gestión del centro si desea tener control sobre el personal, un objetivo que algunos sindicatos, como la CGT, vienen reivindicando desde hace meses: “Si quieren disponer de los empleados del centro, que pasen a una gestión directa. Mientras no lo hagan, su único interlocutor debe ser la empresa que tiene adjudicado el contrato”.
En un mensaje dirigido a los empleados citados, el comité subraya que “no tienen obligación de acudir a la cita, de declarar ni de prestar ningún servicio a la Consejería de forma directa”. Y concluyen asegurando que estarán al lado de los compañeros “para lo que necesiten”.
Este nuevo episodio vuelve a poner el foco en la gestión del centro de La Purísima, que ya ha sido objeto de críticas por problemas de convivencia, sobreocupación y falta de recursos. La tensión entre el comité y la administración autonómica evidencia un conflicto estructural que va más allá del episodio concreto del motín, y que reabre el debate sobre cómo debe organizarse la atención a los menores más vulnerables en Melilla.
