El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha exigido al Gobierno central que permita a Melilla utilizar el superávit presupuestario de 2024 en inversiones que beneficien directamente a la ciudadanía. En un extenso y contundente discurso, denunció lo que considera un agravio estructural en el trato financiero hacia la ciudad, a la que se le impone anticipar el pago de deuda mientras se condonan miles de millones a otras comunidades autónomas como Cataluña.
“Estamos ante una situación absolutamente injusta”, declaró Imbroda al detallar que el superávit estimado para el ejercicio 2024 podría alcanzar entre 10 y 15 millones de euros. “Eso es dinero que han ahorrado los melillenses y que deberíamos poder dedicar, por ejemplo, a construir 120 viviendas”, lamentó, añadiendo que “el Gobierno nos obliga a usarlo para amortizar deuda futura, incluso la que aún no ha vencido”.
La Ciudad Autónoma cerrará este año con un presupuesto de 387 millones de euros y una deuda acumulada de 110 millones, según explicó el propio presidente. Aunque la situación económica interna de la administración local está “encajada y bajo control”, la normativa actual, según recordó, impide destinar el superávit a necesidades urgentes de la ciudad.
Normativa “absurda”
Imbroda fue especialmente crítico con la legislación estatal vigente, que impide a las entidades locales con superávit utilizarlo libremente. Esta normativa, recordó, fue implementada tras la gran crisis económica que estalló con el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y fue endurecida por las reglas fiscales europeas, aunque temporalmente relajada durante la pandemia.
“Esto viene de una ley de la época de Zapatero, cuando hubo que restringir gastos drásticamente por la crisis. En su momento se justificaba, pero ahora no tiene sentido seguir castigando a quienes gestionan bien”, afirmó. Según explicó, durante el covid se permitió relajar las reglas fiscales, pero el Gobierno ha vuelto a imponer la amortización obligatoria de deuda como destino del superávit.
Además, denunció que se ha eliminado también la posibilidad, anteriormente permitida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, de dedicar los superávits municipales a inversiones financieras sostenibles. “Con Montoro al menos podías hacer algo útil con el dinero ahorrado. Ahora ya ni eso”, criticó.
La queja principal de Imbroda gira en torno a una paradoja institucional que, en su opinión, deja a Melilla en una posición de clara desventaja: no se le reconoce como comunidad autónoma en determinadas competencias y derechos, pero se le exige lo mismo que a un ayuntamiento.
“Melilla es un híbrido. No somos una comunidad autónoma como Andalucía, ni un simple municipio como Almendralejo. Pero en este caso, el Gobierno nos trata como un ayuntamiento más. ¿Eso es justo para los ciudadanos?”, se preguntó con ironía, mencionando que un melillense acaba teniendo menos derechos económicos que un vecino de un pequeño municipio andaluz.
Esta situación, afirmó, pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar el Estatuto de Autonomía. “No pedimos más poder para el presidente ni un cargo más alto, pedimos contenido, capacidad de decisión, igualdad de trato y una financiación justa”, subrayó.
Uno de los aspectos más polémicos del discurso fue la comparación con el trato dispensado a Cataluña. Según denunció Imbroda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la puerta a condonar parte de la deuda catalana como concesión política a cambio del apoyo de Carles Puigdemont y Junts, algo que, según él, choca frontalmente con el rigor que se impone a otras administraciones.
“La deuda de Melilla no se ha generado por mala gestión, sino en parte por la falta de financiación adecuada. Y sin embargo, a nosotros se nos obliga a anticipar pagos mientras se le perdonan miles de millones a quienes chantajean al Estado”, aseveró.
“Lo único que pedimos es que nos dejen invertir el dinero de los melillenses en Melilla, no en ayudar a cuadrar las cuentas del Estado”, concluyó, acusando al Ejecutivo de Sánchez de usar a los ayuntamientos como herramienta para maquillar la deuda pública nacional.
Reforma del Estatuto
Imbroda confirmó que su Gobierno está trabajando para reformar el Estatuto de Autonomía, una iniciativa que ya anunció públicamente a finales de marzo y que considera clave para lograr un trato justo en materia financiera y competencial.
“No podemos seguir dependiendo del capricho de cada Gobierno central. Necesitamos un marco legal sólido que blinde nuestros derechos y competencias, y que nos permita tomar decisiones que beneficien a los ciudadanos de Melilla”, insistió.
Elpresidente melillense cerró su intervención con un llamamiento a la responsabilidad política de todos los partidos, incluidos los representantes del PSOE en Melilla, a quienes pidió “patriotismo y conocimiento” para defender los intereses de la ciudad frente a Madrid. “Esto no va de siglas, va de Melilla. Y quien no lo entienda está fallando a sus vecinos”, sentenció
