El Gobierno de España está preparando una ley de crédito extraordinario para saldar la deuda que mantiene con las compañías aéreas por las bonificaciones aplicadas a los billetes de residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Esta medida busca dar respuesta a la preocupación del sector aéreo, que ha alertado de la difícil situación financiera que atraviesan algunas operadoras debido al retraso en los pagos por parte del Estado.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado que el Ejecutivo central ha transmitido su intención de abonar las cantidades pendientes antes de que finalice el primer semestre del año. Según Clavijo, el Ministerio de Transportes le ha asegurado que la fórmula escogida será la tramitación en el Congreso de una ley de crédito extraordinario, que permita dotar de fondos suficientes la partida presupuestaria correspondiente a estas subvenciones.
Actualmente, los residentes en los territorios extrapeninsulares tienen reconocido por ley un descuento del 75% en el precio de los billetes para vuelos regulares con origen o destino en la península, así como en trayectos interinsulares. Esta ayuda, financiada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es adelantada por las compañías aéreas, que posteriormente reclaman su reembolso a la Administración.
Sin embargo, la prórroga de los presupuestos generales en los últimos ejercicios ha generado un desfase entre el gasto real que implica esta política y la dotación presupuestaria contemplada en las cuentas públicas. Según los cálculos de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), el Estado adeuda a las compañías unos 425 millones de euros correspondientes al ejercicio 2024. No obstante, desde el Ministerio de Transportes rebajan esa cifra y estiman que el importe pendiente ronda los 300 millones.
La situación ha encendido las alarmas en el sector. La patronal ALA advierte que este retraso en los pagos podría comprometer la sostenibilidad financiera de algunas rutas, especialmente las que conectan territorios insulares y ciudades autónomas con la península. Esta circunstancia podría tener un impacto directo en la conectividad de regiones como Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, lo que afectaría negativamente a su desarrollo económico y a la generación de empleo.
Además, el problema podría prolongarse si no se aprueban unos nuevos presupuestos generales. De acuerdo con las previsiones de las compañías aéreas, el gasto en esta partida podría alcanzar los 1.250 millones de euros en 2025. Sin embargo, si se mantuvieran las cuentas prorrogadas de 2023, la partida seguiría limitada a los 560 millones, lo que volvería a generar un desfase presupuestario.
Este desfase es una consecuencia directa de la prórroga presupuestaria aprobada para 2024, que repite la estructura financiera del ejercicio anterior sin tener en cuenta el aumento en la demanda de vuelos bonificados ni la evolución del coste de los servicios. Las aerolíneas insisten en que el sistema, tal y como está planteado, no es viable sin una garantía de financiación suficiente por parte del Estado, ya que ellas adelantan el dinero que posteriormente debe ser reembolsado.
Desde el ámbito político, el Partido Popular ha exigido explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, por el retraso en el abono de estas subvenciones. El PP ha reclamado su comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados para que aclare los motivos del impago y detalle las medidas previstas para garantizar la financiación de esta política en el futuro. Tal como ha recogido El Faro de Melilla, los populares acusan al Ejecutivo de actuar con dejadez y de poner en riesgo un derecho consolidado de los ciudadanos de estas regiones.
Mientras tanto, las aerolíneas continúan alertando sobre la urgencia de una solución. Reclaman que el Gobierno no solo atienda la deuda pendiente, sino que establezca un marco presupuestario estable y suficiente que garantice la viabilidad de estas bonificaciones a largo plazo. También insisten en que, si la situación no se estabiliza, podría deteriorarse gravemente la competitividad del transporte aéreo en estas regiones.
El Ejecutivo, por su parte, trata de ganar tiempo con la ley de crédito extraordinario. A falta de presupuestos nuevos, esta fórmula permitiría movilizar fondos para cumplir los compromisos adquiridos, aunque no resolvería estructuralmente el problema si no se modifica la base de financiación para los próximos años. La aprobación de esta ley dependerá de la correlación de fuerzas en el Congreso y del apoyo que el Gobierno logre recabar entre sus socios parlamentarios.
Con esta medida, el Gobierno pretende dar un respiro a las compañías aéreas y evitar una escalada de tensiones que pueda afectar a millones de viajeros residentes en territorios extrapeninsulares, para quienes la conectividad aérea es un elemento esencial de cohesión territorial y acceso a servicios y oportunidades.
