Las comunidades y ciudades autónomas tendrán que entregar un informe con el número de menores que tienen en acogida y, posteriormente, la Comisión Sectorial de Infancia será el organismo que aborde la distribución de los menores extranjeros no acompañados a los diferentes territorios. Así lo ha explicado esta mañana la delegada el gobierno, Sabrina Moh, en rueda de prensa.
Por ello, la representante del gobierno de España en la ciudad ha avanzado que el gobierno local es el que tiene que elaborar ese documento, algo sobre lo que ayer se pronunció el presidente Imbroda, alegando que al gobierno central "no les hacía falta para imponer el reparto de menores".
Y es que en alusión a las crítica del ejecutivo local del PP de Melilla, Moh ha recordado que la ciudad vivió una época de saturación en los centros e insiste en que la aprobación del Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, se trata de "una medida solidaria". Una medida, ha señalado la delegada, “que dé una respuesta estructural, que vaya acompañada de medios, de una dotación económica y que, al final, sea positiva para el conjunto del territorio nacional”.
Así, la titular de la Delegación ha recordado que “en etapas anteriores ha habido una presión importante en Melilla. "Y en un territorio de 13 kilómetros cuadrados, los recursos son los que son”, ha manifestado. De ahí, Moh ha insistido en que si la ciudad hubiese tenido esa posibilidad de "tener esta medida de solución, en ese momento lo hubiésemos agradecido".
Por su parte, el gobierno de Imbroda aseguró que la ciudad no debía estar incluido "en los mismos términos que otras comunidades por ser los primeros en padecer este fenómeno". En este sentido, Moh reconoce que, por su característica demográfica y su condición fronteriza, Ceuta y Melilla pueden tener "una mayor presión que otro territorio" en cuanto a la acogida de menores extranjeros. "Nosotros no sabemos cuánto le correspondería a Melilla, no sabemos si llegaría alguien o no, no sabríamos qué cifra será, pero lo que sí sabemos es que en ninguno de los casos podríamos asumir más de los recursos que nosotros tenemos, entonces eso es un dato importante", ha querido resaltar la delegada.
“Lo que se está haciendo es intentar modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para dar una respuesta estructural a una problemática que no solamente existe en el presente, sino que ha existido en el pasado y que, posiblemente, pueda existir en el futuro, y que se haga a través de unos criterios homogéneos y objetivos para que ninguno de los territorios tenga que sufrir nunca una presión importante”, ha añadido.
