La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que los agentes de menor rango dentro de la Guardia Civil, es decir, los cabos y guardias, son los más castigados por la justicia militar. Según datos oficiales obtenidos mediante una solicitud de acceso a la información pública, el 85% de las condenas en los tribunales militares recaen sobre estos agentes, lo que, a juicio de la AUGC, evidencia un trato desigual dentro del cuerpo.
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de la Guardia Civil, entre los años 2020 y 2024 se han iniciado 167 procedimientos penales militares, en los cuales 224 agentes fueron encartados. De estos, 41 han sido condenados por sentencia firme, y la mayoría de ellos pertenecen a la escala de Cabos y Guardias. La AUGC considera que estos datos reflejan un uso desproporcionado del Código Penal Militar contra los agentes de menor empleo y reitera la necesidad de una reforma legal.
Uno de los puntos más controvertidos que destaca la AUGC es la desigualdad en las condenas según el rango jerárquico. Los datos oficiales revelan que el 25% de los encartados en la escala de Cabos y Guardias terminan condenados, mientras que en la escala de Suboficiales la tasa de condena baja al 10%, y en la de Oficiales se reduce a un 4%.
Además, aunque los Cabos y Guardias representan el 63% de los encartados en procedimientos militares, el 85% de las condenas afectan a este grupo. Esta diferencia en la aplicación del Código Penal Militar contrasta con la proporción de oficiales condenados, que es significativamente menor. Para la AUGC, esto responde a un modelo jerárquico que perpetúa un trato desigual dentro de la Guardia Civil, en el cual los agentes de menor empleo son sometidos a mayor control y a un sistema judicial más severo que sus superiores.
Justicia ordinaria para los guardias
Ante esta situación, la AUGC ha reiterado su exigencia de que los guardias civiles en funciones policiales sean juzgados por la justicia ordinaria, como ocurre con otros cuerpos de seguridad en España, entre ellos la Policía Nacional, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.
La AUGC sostiene que la aplicación del Código Penal Militar en tiempos de paz sobre los miembros de la Guardia Civil es una herramienta de control interno que perjudica principalmente a los agentes de base. Según la asociación, esta normativa es un vestigio del pasado que sigue siendo utilizada para limitar derechos y ejercer presión sobre los agentes de menor rango.
“El Código Penal Militar es un instrumento de amenaza que sigue vigente dentro de la Guardia Civil, en un contexto en el que debería aplicarse el derecho penal ordinario, como en el resto de cuerpos policiales”, denuncia la AUGC.
Informe de la Dirección General
El informe de la Dirección General de la Guardia Civil desglosa los procedimientos iniciados y las condenas firmes entre 2020 y 2024. Durante este período, los Cabos y Guardias acumularon 141 encartados, de los cuales 35 fueron condenados. En cambio, en la escala de Suboficiales hubo 37 encartados y 4 condenados, mientras que en la de Oficiales 46 encartados y solo 2 condenados.
Los datos reflejan que en 2020 se iniciaron 53 procedimientos, con 7 condenas firmes, de las cuales 5 correspondieron a Cabos y Guardias y 2 a Suboficiales. En 2021 se registraron 39 encartados y 9 condenados, con 7 sentencias firmes para Cabos y Guardias y 2 para Suboficiales. Durante 2022, hubo 38 encartados y 9 condenas, de las cuales 7 fueron para Cabos y Guardias y 2 para Suboficiales. En 2023, los datos muestran 36 procedimientos y 7 condenas, 6 de ellas para Cabos y Guardias y 1 para Suboficiales. Finalmente, en 2024, se contabilizaron 32 encartados y 9 condenas, con 7 Cabos y Guardias afectados y 2 Suboficiales.
Estos números refuerzan la denuncia de la AUGC sobre la desproporción en la aplicación del Código Penal Militar, que afecta principalmente a los guardias civiles de base.
Ante esta realidad, la AUGC insiste en la necesidad de una reforma legislativa inmediata que garantice que los guardias civiles sean juzgados en igualdad de condiciones con el resto de cuerpos policiales y ciudadanos. La asociación denuncia que la normativa actual no solo perpetúa una justicia desigual, sino que además genera un clima de inseguridad jurídica y temor dentro del cuerpo.
Desde hace años, la AUGC ha liderado el movimiento asociativo dentro de la Guardia Civil, defendiendo la democratización de la institución y los derechos de los agentes. Su labor en esta materia le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos, otorgado por la Asociación Pro Derechos Humanos de España.
La asociación continuará exigiendo que los guardias civiles sean juzgados por la justicia ordinaria, mientras el debate sobre la reforma del Código Penal Militar sigue abierto.
