Marruecos ha decidido reforzar su capacidad militar con el despliegue de batallones terrestres especializados en guerra electrónica en zonas estratégicas cercanas a Ceuta, Melilla y Alhucemas. Según informó el diario La Razón, fuentes conocedoras del asunto han confirmado que estas unidades tienen la misión de llevar a cabo operaciones ofensivas mediante sistemas avanzados de interferencia y neutralización de capacidades enemigas.
El Ejército marroquí ya cuenta con batallones similares desplegados en el Sáhara Occidental, y con esta nueva iniciativa, busca consolidar su posición en el ámbito de la guerra electrónica. Este tipo de unidades se centran en la alteración de sistemas de comunicación, radares y otros dispositivos electrónicos utilizados en el campo de batalla.
Las fuentes citadas por La Razón señalaron que “se ha previsto el despliegue de estas unidades en el norte de Marruecos, en zonas estratégicas cercanas a Melilla, Ceuta y Alhucemas. Este movimiento refuerza la posición defensiva del país”. Además, destacaron que estas unidades están equipadas con tecnología de última generación, lo que les permite interrumpir y debilitar las capacidades operativas de cualquier adversario.
Con este movimiento, Marruecos sigue avanzando en la modernización de sus fuerzas armadas, apostando por la guerra electrónica como un elemento clave en su estrategia de defensa y seguridad.
Expulsión de juristas
En paralelo a estas acciones militares, las autoridades marroquíes impidieron el pasado sábado la entrada al Sáhara Occidental de una delegación conformada por dos juristas y un técnico. El equipo, perteneciente a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS), tenía previsto realizar un análisis sobre la situación de los derechos humanos en la antigua colonia española.
La delegación estaba integrada por las abogadas Dolores Travieso Darias y Flora Moreno Ramos, junto con el técnico Silvestre Suárez Fernández. Según explicó a la agencia EFE Inés Miranda Navarro, también miembro de la IAJUWS, el grupo fue bloqueado en el Aeropuerto de El Aaiún por varios hombres vestidos de civil que les ordenaron permanecer dentro del avión.
Miranda Navarro detalló que el resto de los pasajeros pudieron desembarcar con normalidad, mientras que a los juristas se les prohibió bajar sin recibir explicaciones oficiales. Un vídeo difundido por asociaciones pro saharauis mostró cómo dos funcionarios de las autoridades locales bloquearon la puerta del avión para impedir su salida.
Después de tres cuartos de hora de discusión, los funcionarios marroquíes se negaron a recibir la documentación que acreditaba la misión del equipo en el Sáhara y procedieron a su repatriación a Canarias en la misma aeronave.
Según la IAJUWS, la misión del grupo incluía la verificación de la situación de los llamados "presos políticos" saharauis en cárceles marroquíes. Miranda Navarro calificó el hecho como una vulneración del derecho internacional y de la libertad de circulación de las personas, además de un incumplimiento de los convenios de Ginebra, que establecen normas de aplicación en territorios en disputa como el Sáhara Occidental.
Hasta el momento, las autoridades marroquíes no han ofrecido ninguna explicación oficial sobre esta expulsión. Sin embargo, se trata de una práctica recurrente. El pasado 2 de marzo, Marruecos expulsó del Sáhara al responsable de Relaciones Exteriores de la Confederación General del Trabajo (CGT) de España, David Blanco, después de que se reuniera con activistas saharauis en Dajla.
Asimismo, el 20 de febrero, agentes marroquíes impidieron la entrada de una delegación de eurodiputados encabezada por la española Isa Serra, el finlandés Jussi Saramo y la portuguesa Catarina Martins. A finales de enero, Marruecos también prohibió la entrada a una delegación del Parlamento Vasco, que planeaba reunirse en El Aaiún con organizaciones de derechos humanos y colectivos culturales.
Movimientos estratégicos
El despliegue de batallones de guerra electrónica en el norte de Marruecos y la expulsión de observadores internacionales del Sáhara Occidental parecen formar parte de una misma estrategia: el refuerzo de la seguridad nacional y el control territorial.
Mientras Marruecos avanza en la modernización de sus fuerzas armadas con tecnología de última generación, también mantiene una postura firme respecto a la presencia de delegaciones extranjeras en el Sáhara Occidental, restringiendo el acceso a observadores internacionales y reforzando su control sobre el territorio.
Estos movimientos ocurren en un contexto de creciente interés internacional por la evolución del conflicto en el Sáhara, un territorio en disputa desde 1975 y cuyo estatus sigue siendo un punto de fricción en la diplomacia regional.
Hasta el momento, no ha habido pronunciamientos oficiales desde el Gobierno español sobre la expulsión de los juristas canarios ni sobre el nuevo despliegue militar marroquí en la región.
