Los servicios jurídicos del Sindicato Unificado de Policía (SUP) están trabajando para llevar a los tribunales a los responsables del Gobierno que quieren ceder las competencias en inmigración a la Generalitat y a los Mossos d’Esquadra.
Al tiempo, el sindicato continuará con sus medidas de presión y con reuniones con partidos políticos que estén en contra de esta cesión. Así sucedió el martes, por ejemplo, cuando varios representantes de los sindicatos policiales -entre ellos la máxima responsable del SUP a nivel nacional, Mónica Gracia, y en Cataluña, Jorge Soriano- con representantes del Partido Popular (PP), como su presidente, Alberto Núñez Feijóo; su secretaria general, Cuca Gamarra; y el portavoz del grupo parlamentario, Miguel Tellado; así como su secretaria de Interior, Ana Vázquez, y la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós. Según ha explicado el secretario general del SUP en Melilla, Jesús Ruiz Barranco, el PP recogió casi todas sus quejas y reclamaciones “y las está haciendo suyas, como no puede ser de otra manera, porque el Gobierno ahora mismo está en una deriva de cederlo todo al independentismo catalán”.
De la misma forma, los sindicatos de la Policía y de la Guardia Civil han realizado este miércoles, a las 10:45 horas, una concentración frente a la Cámara Baja a la que Ruiz Barranco no ha llegado a tiempo, porque el vuelo de salida de Melilla se ha retrasado dos horas. “Me habría gustado haber estado hoy en la puerta del Congreso de los Diputados y haber puesto verde a más de uno, siempre con mucha diplomacia”, ha manifestado, visiblemente enfadado.
Aunque en la concentración -que comenzó a prepararse hace una semana- también se han reclamado otras reivindicaciones como la equiparación salarial con los policías locales, la declaración como profesión de riesgo, la prejubilación o las dietas, entre otras, sobre todo ha sido por “esta cesión de competencias estatales que no tendría por qué darse”, ha informado Ruiz Barranco. En su opinión, por mucho que el Gobierno intente disfrazarlo o camuflarlo como una delegación de competencias, se trata de una cesión de competencias en frontera, trámites documentales, devoluciones y expulsiones de inmigrantes. “Es decir, un estado dentro de otro estado. Y eso es lo que no podemos consentir desde el SUP”, ha acotado su máximo representante en Melilla, quien no entiende que el Ejecutivo central pueda ceder tanto con tal de mantenerse en el poder para contentar a los siete diputados de Junts.
Con todo, la pregunta sigue latente: ¿cómo puede el Gobierno ceder esas competencias? La respuesta, según Ruiz Barranco, es clara: “Porque se siente con derecho para hacerlo”. Sin embargo, no le parece que sea “constitucional ni legal”. Para colmo, según el secretario general del SUP en Melilla, las explicaciones que, para ello, da el Gobierno son “banales” y “no tienen lógica”.
Al respecto, Ruiz Barranco ha recordado que el año pasado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, les dijo que nunca se cederían ni transferirían competencias que la Constitución recoge que son parte del Estado, como el control de la frontera y el flujo migratorio, la gestión de los trámites documentales y de la residencia y los permisos de trabajo. Sin embargo, ha lamentado, “se ha cedido prácticamente todo como si Cataluña fuera un estado independiente con tal de mantenerse en el poder”. Lo que quiere ahora el sindicato, en palabras de su máximo representante en Melilla, es “darle la vuelta a la tortilla de lo que quiere hacer el Gobierno, que es blanquear esta cesión diciendo que no es una cesión, sino una delegación”.
Aparte, Ruiz Barranco lamenta que, tal y como están las cosas, y si esto sigue así con las cesiones, la Policía Nacional va a ser “insignificante” en Cataluña, hasta el punto de que puede que los vayan a “echar de allí”.
