El Partido Popular ha defendido en el Congreso de los Diputados la recuperación de la bonificación del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, una medida que estuvo en vigor desde 2004 hasta su modificación en 2023. El diputado popular Juan Bravo, vicesecretario económico del partido, presentó una proposición de ley para restablecer este beneficio, argumentando que la eliminación de la bonificación ha generado graves perjuicios económicos y laborales en ambas ciudades autónomas.
Desde la tribuna del Congreso, Bravo subrayó la importancia de Ceuta y Melilla como territorios estratégicos y recordó que la bonificación se instauró hace casi dos décadas con el objetivo de compensar las dificultades estructurales que enfrentan estas ciudades españolas en el norte de África. Explicó que, debido a su situación geográfica y socioeconómica, ambas requieren medidas específicas de apoyo para garantizar su competitividad y el mantenimiento del empleo.
El vicesecretario económico del PP criticó la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar el sistema de bonificación a través del Real Decreto-Ley 1/2023, sustituyéndolo por una cuantía fija de 262 euros por trabajador. Según Bravo, este cambio ha introducido inseguridad jurídica, ha aumentado la carga administrativa y ha perjudicado gravemente a las empresas, que ahora deben adelantar las cotizaciones y esperar la concesión de una subvención para recuperar parte del dinero. Además, denunció que la nueva normativa ha dejado fuera a determinados contratos y sectores, lo que ha generado desigualdades salariales y dificultades adicionales en el mercado laboral de ambas ciudades.
Durante su intervención, Bravo recordó que Ceuta y Melilla siguen registrando tasas de desempleo muy por encima de la media nacional, con un 21% en Ceuta y un 25% en Melilla, cifras que evidencian la necesidad de mantener incentivos para la generación de empleo. Señaló que la bonificación del 50% en las cotizaciones fue fruto de un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal en 2004, con el compromiso de mantenerla hasta que el desempleo en ambas ciudades alcanzara niveles similares a los del resto del país. Sin embargo, a pesar de la persistencia de altas tasas de paro, el Ejecutivo optó por cambiar el modelo, generando incertidumbre y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.
El dirigente popular destacó que ninguna autoridad económica independiente ha justificado la modificación de la bonificación. Ni la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ni otros organismos han cuestionado la efectividad del sistema anterior, lo que refuerza, según Bravo, la idea de que la decisión de eliminarlo no respondió a criterios técnicos o económicos, sino a una voluntad política que ha tenido consecuencias negativas para el tejido productivo de Ceuta y Melilla.
En su discurso, el diputado también hizo un repaso de la evolución económica de ambas ciudades, recordando que en el siglo XX funcionaban bajo un modelo de Puerto Franco que incentivaba el comercio con la península. Posteriormente, el comercio transfronterizo con Marruecos se convirtió en una de sus principales actividades económicas, moviendo alrededor de 3.000 millones de euros en mercancías. Sin embargo, con el cierre de la frontera comercial en los últimos años, Ceuta y Melilla han tenido que buscar nuevas fuentes de ingresos, apostando por sectores como el juego online y la tecnología.
Bravo insistió en que la bonificación a la Seguridad Social ha sido un pilar fundamental para sostener el empleo y facilitar la reconversión económica de ambas ciudades. Argumentó que, lejos de ser un privilegio, la medida es una inversión en el futuro de Ceuta y Melilla, ya que contribuye a garantizar su desarrollo y estabilidad. Destacó que, además del desempleo, estas ciudades enfrentan desafíos adicionales derivados de su ubicación geográfica, su conectividad limitada con la península y la presión migratoria. En este sentido, afirmó que el Gobierno debe asumir su responsabilidad y adoptar políticas específicas que reconozcan la singularidad de estos territorios.
El diputado del PP también criticó la falta de previsión del Ejecutivo en la aplicación del nuevo modelo de bonificación, señalando que la sustitución del 50% por una cantidad fija ha generado trabas burocráticas y ha supuesto un golpe para muchas empresas. Explicó que ahora los empresarios deben realizar trámites adicionales para acceder a la ayuda, lo que, sumado a la incertidumbre sobre su continuidad más allá de 2026, ha generado un ambiente de inestabilidad que afecta directamente a la inversión y al empleo.
Bravo recordó que el propio Gobierno ha reconocido la necesidad de mantener incentivos en Ceuta y Melilla, a través de los Planes Integrales para ambas ciudades, donde se recoge explícitamente la importancia de la bonificación del 50%. En este contexto, cuestionó la coherencia del Ejecutivo y pidió que se rectifique una decisión que, a su juicio, está perjudicando tanto a las empresas como a los trabajadores de estos territorios.
En la parte final de su intervención, Bravo hizo un llamamiento al consenso y pidió a todos los grupos parlamentarios que respalden la tramitación de la proposición de ley. Insistió en que esta iniciativa no pretende generar confrontación política, sino recuperar un sistema que ha demostrado ser eficaz durante casi dos décadas. Además, subrayó que incluso representantes del PSOE en Ceuta y Melilla han reconocido los problemas derivados del nuevo modelo y han pedido una modificación para evitar sus efectos negativos.
El debate sobre la bonificación a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla llega en un momento clave, después de que el Gobierno intentara corregir parcialmente el sistema en los Presupuestos Generales de 2024, permitiendo que algunas empresas puedan beneficiarse del 50% en determinadas condiciones. Sin embargo, desde las dos ciudades se considera insuficiente y se exige la recuperación completa del modelo anterior.
Ahora, la proposición de ley presentada por el PP deberá superar la toma en consideración en el Congreso. Si consigue el apoyo necesario, continuará su proceso legislativo en las próximas semanas. La decisión que adopten los distintos grupos parlamentarios será determinante para el futuro de este mecanismo de apoyo a las empresas en Ceuta y Melilla.
La recuperación de la bonificación del 50% se ha convertido en una reivindicación central para los sectores económicos de ambas ciudades, que han alertado de los efectos negativos que ha tenido la modificación introducida en 2023. El debate en el Congreso será clave para definir el futuro de esta política, que durante casi dos décadas ha sido un instrumento esencial para la creación de empleo y el desarrollo económico en las dos ciudades autónomas.
