La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tergiversar el marco legal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La polémica surge tras unas declaraciones realizadas en Bruselas, donde el jefe del Ejecutivo afirmó que los Mossos d'Esquadra son también Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al mismo nivel que la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Según la AUGC, esta afirmación supone un “menosprecio y tergiversación de la legalidad vigente” y responde a un interés político más que a una realidad jurídica. La asociación denuncia que el Gobierno pretende justificar con ello nuevas cesiones a Cataluña en materia de seguridad, lo que, en su opinión, conlleva un debilitamiento de la presencia de la Guardia Civil en esa comunidad autónoma.
Marco legal
Desde la AUGC recuerdan que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad distingue claramente entre los cuerpos estatales, integrados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, y las policías autonómicas, entre las que se encuentran los Mossos d'Esquadra. Esta diferenciación no es menor, ya que establece las competencias de cada uno de estos cuerpos y sus funciones dentro del territorio español.
“Los Mossos no son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino una policía autonómica, con competencias limitadas a Cataluña”, señala la AUGC en su comunicado. “No podemos aceptar que se distorsione la realidad jurídica para justificar decisiones políticas”, añaden.
La denuncia de la AUGC se enmarca en un contexto de creciente malestar entre los cuerpos de seguridad del Estado por lo que consideran una estrategia de cesión de competencias a las comunidades autónomas. Recientemente, la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de la inmigración a la Generalitat de Cataluña ha generado un fuerte rechazo en los sectores policiales.
En este sentido, la senadora del PP por Melilla, Sofía Acedo, calificó la cesión de competencias en inmigración como un “golpe de Estado”, argumentando que “el Estado está renunciando a una de sus funciones esenciales”. Además, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles han advertido que este tipo de decisiones políticas ponen en riesgo la unidad de la seguridad en España.
Preocupación por la seguridad
Desde la AUGC, denuncian que las decisiones del Gobierno afectan no solo a la estructura de los cuerpos de seguridad, sino también a las condiciones de trabajo de los agentes. Según la asociación, la Guardia Civil opera con recursos escasos y en condiciones desiguales respecto a otras policías autonómicas.
“La Guardia Civil es una institución fundamental del Estado, con una labor de servicio en todo el territorio nacional. No podemos permitir que, por intereses partidistas, se debilite nuestra labor ni se nos relegue a un papel secundario”, afirman desde la asociación.
Por ello, exigen que se respete la legalidad vigente y que no se realicen interpretaciones políticas que puedan afectar el trabajo de los cuerpos de seguridad. “No aceptamos que, por conveniencias políticas, se distorsione el marco legal que regula nuestra labor”, concluyen.
Tensión creciente
El debate sobre el papel de las fuerzas de seguridad en España sigue en aumento, especialmente en un momento en el que el Ejecutivo está impulsando nuevas negociaciones con las comunidades autónomas. Tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han expresado su malestar ante lo que consideran una estrategia de cesiones que podría alterar el equilibrio de competencias en materia de seguridad.
Mientras tanto, desde el Gobierno se insiste en que estas decisiones forman parte del modelo autonómico y buscan mejorar la eficacia en la gestión de la seguridad y la inmigración. Sin embargo, las asociaciones de guardias civiles y policías nacionales advierten que esta tendencia podría diluir el papel del Estado en áreas clave de la seguridad pública.
Las declaraciones de Pedro Sánchez han vuelto a encender la polémica sobre la estructura de los cuerpos de seguridad en España. La AUGC denuncia que sus palabras no son un simple lapsus, sino una estrategia política para seguir cediendo competencias a Cataluña. Mientras tanto, el debate sigue abierto y la tensión entre el Gobierno y los cuerpos estatales de seguridad se mantiene en niveles elevados.
¡De qué forma se pretende crear un malestar general!.
La llamada AUGC habla y sentencia como si fuese un Tribunal Constitucional.
Y como si fuese la voz de la oposición.
Más respeto, por favor.