Diversos colectivos y asociaciones de Ceuta han solicitado formalmente al Gobierno autonómico que impulse una petición al Ejecutivo nacional y a las Cortes Generales para aprobar una Ley de Ordenación Integral del Territorio y del Urbanismo específica para Ceuta y Melilla. Las dos ciudades autónomas son las únicas regiones de España sin esta normativa, lo que las obliga a operar bajo una legislación preconstitucional que, según denuncian, no aborda adecuadamente los complejos problemas urbanísticos y arquitectónicos de estos territorios.
La solicitud ha sido presentada por las Secciones de Arquitectura y Artes Plásticas y de Ciencias Sociales del Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), el Colegio Oficial de Arquitectos de Ceuta, el Colegio de Abogacía de Ceuta, la Confederación de Empresarios de Ceuta, así como por asociaciones de constructores y promotores inmobiliarios.
En un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que, desde 1997, el Gobierno de la Nación no ha subsanado el vacío legal que afecta a ambas ciudades autónomas. Según los firmantes, esta falta de una legislación adaptada impide desarrollar políticas urbanísticas que respondan a las necesidades específicas de Ceuta y Melilla.
Además, recuerdan que, desde 2021, cuando estas mismas instituciones ya habían advertido sobre la situación, el Estado no ha dado ninguna respuesta efectiva en el ejercicio de sus competencias en esta materia.
La solicitud se basa en las disposiciones del Estatuto de Autonomía, que faculta a las ciudades autónomas para pedir al Gobierno de la Nación la adopción de un proyecto de ley o remitir directamente a la Mesa del Congreso una proposición de ley, pudiendo delegar hasta tres representantes para defenderla ante la Cámara Baja.
Melilla impulsa una reforma
Esta nueva petición coincide con el anuncio reciente del presidente de Melilla, Juan José Imbroda, quien ha confirmado la intención del Gobierno melillense de impulsar una reforma integral del Estatuto de Autonomía. Según Imbroda, el objetivo es actualizar el marco normativo vigente para dotar a Melilla de mayores competencias y adaptar sus instituciones a las necesidades actuales.
Preguntado acerca de la diferencia de criterio con respecto a la posición expresada por el Gobierno ceutí, Imbroda indicó que El propio Imbroda ha señalado que "yo hablo de Melilla, de mi Gobierno y de mi partido en Melilla". "Aquí cada cual que diga lo que quiera. Yo no voy a modificar el Estatuto de Autonomía de Ceuta. Yo quiero modificar el Estatuto de Autonomía de Melilla porque ha sido malo, no ha dado el resultado que se esperaba", afirmó.
El líder melillense ha criticado el contenido actual del estatuto, alegando que, aunque formalmente otorga honores y reconocimiento al presidente de Melilla, la gestión ejecutiva carece de verdadera autonomía. "A mí me hace falta el señor que va con la pala del carbón a una máquina de tren para que ande. Ese es el Estatuto de Autonomía, no porque yo vaya a la recepción real y tenga un puesto muy distinguido, que lo tengo. Pero no por mí, sino por el Estatuto de Autonomía. Mucho oropel, pero poco contenido."
Imbroda también adelantó que las reformas avanzarán por fases. "Empezaremos con esto en abril. En marzo vamos con los reglamentos de la Asamblea y del Consejo de Gobierno y las modificaciones sobre las que llevamos tiempo trabajando. Estos reglamentos irán en marzo a las distintas comisiones y andaremos. Y luego en abril moveremos el tema autonómico."
En contraste, el Gobierno de Ceuta ha descartado, por el momento, cualquier intención de modificar su Estatuto de Autonomía. Las autoridades ceutíes consideran que el marco actual es suficiente y prefieren centrarse en el desarrollo de las competencias ya establecidas sin introducir cambios legislativos de gran calado.
Esta diferencia de enfoques entre ambas ciudades autónomas podría complicar la posibilidad de avanzar de manera conjunta en la obtención de nuevas competencias, aunque las asociaciones ceutíes insisten en que una ley de suelo específica para ambas ciudades es una necesidad urgente que trasciende los debates políticos sobre las reformas estatutarias.
