El Colegio de Médicos de Melilla ha vuelto a denunciar la falta de medidas por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y el Ministerio de Sanidad para incentivar la contratación de profesionales sanitarios en la ciudad. Esta denuncia se produce dos años después de que Ceuta y Melilla fueran reconocidas oficialmente como zonas de difícil cobertura a través del Real Decreto 118/2023, una medida que, según el Colegio, no ha tenido ninguna repercusión práctica.
El Real Decreto establecía que se debía implementar un conjunto de medidas para atraer y retener a profesionales sanitarios en estas ciudades, pero, según el presidente del Colegio de Médicos de Melilla, Justo Sancho-Miñano, "tras dos años no se ha implementado absolutamente ninguna medida. Es decir, se puso sobre el papel y solo hay eso, papel".
Los datos más recientes reflejan que el déficit de médicos especialistas ha aumentado, afectando áreas críticas como Anestesiología, en la que solo se cuenta con un número limitado de profesionales, lo que limita la capacidad de realizar intervenciones quirúrgicas programadas. En situación análoga se encuentra Radiología, con vacantes no cubiertas, lo cual genera retrasos en pruebas diagnósticas, además de Medicina Interna, un servicio que trabaja al límite de su capacidad generando largas listas de espera.
La situación también es preocupante en atención primaria, donde la sobrecarga laboral ha llevado a un aumento significativo de los casos de estrés y agotamiento entre el personal sanitario.
Falta de recambio generacional
Otro aspecto crítico es la próxima jubilación de más del 30% del personal médico en Melilla en los próximos cinco años, según las estimaciones del Colegio. Esta situación podría agravar aún más la escasez de profesionales si no se toman medidas urgentes para atraer a nuevos médicos.
Las cifras actuales revelan que en el último año, solo 3 nuevos médicos han sido contratados por Ingesa, una cifra muy por debajo de las necesidades reales. Asimismo, apunta el colegio que el número de plazas ofertadas para especialidades de difícil cobertura no se ha incrementado desde 2021, pese a las advertencias del Colegio.
A pesar de las declaraciones realizadas por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en su visita a Melilla en 2023, en las que aseguró que “se estaban trabajando mejoras salariales a través de la definición de puestos de difícil cobertura y del incremento del precio unitario de la hora de guardia”, el Colegio sostiene que ninguna de estas medidas se ha implementado hasta la fecha.
Según los datos recopilados por El Faro de Melilla, otras regiones que enfrentan problemas similares, como algunas zonas rurales de Castilla-La Mancha o Extremadura, ya han comenzado a recibir incentivos que incluyen bonificaciones salariales de hasta un 30% sobre el sueldo base, reducción de la jornada laboral sin merma de salario y mejoras en la formación continua con acceso prioritario a cursos especializados.
Exigencias del Colegio de Médicos
El Colegio de Médicos exige que se implementen de manera urgente una serie de medidas para frenar la crisis de personal sanitario, entre las que destacan los incentivos económicos con una subida salarial y bonificaciones específicas para quienes acepten trabajar en zonas de difícil cobertura; una mejora de las condiciones laborales con la reducción de las cargas de trabajo, horarios más flexibles y acceso a programas de formación continua; y, por último, políticas de estabilidad laboral a través de contratos de mayor duración y programas de fidelización para retener a los profesionales.
El Colegio ha hecho un llamamiento a la sociedad melillense y a las autoridades locales para que se sumen a las reivindicaciones y exijan al Ministerio de Sanidad que cumpla con sus responsabilidades. De no tomarse medidas urgentes, la ciudad podría enfrentar un colapso en la atención sanitaria debido a la falta de profesionales disponibles para cubrir las vacantes actuales y las jubilaciones que se avecinan.
La situación en Melilla refleja, según el Colegio, una inacción prolongada por parte del Gobierno central que, de no resolverse, pondría en riesgo la calidad de la atención médica en la ciudad.
