El primer borrador ha sido presentado a los grupos parlamentarios de la ciudad, que tendrán diez días naturales para realizar propuestas y sugerencias.
La consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, indicó ayer que el Plan de Inclusión Social de Melilla podría estar finalizado en el mes de abril. En este sentido, destacó que la Comisión de Bienestar Social y Sanidad ya tiene el borrador de este documento que se ha empezado a valorar y estudiar.
Garbín explicó que en un sondeo de mercado realizado recientemente se ha expuesto que la realización de este Plan de Inclusión costaría unos 18.000 euros.
También informó de que una vez que se elija a la empresa que vaya a emprender la realización de este informe, se tardarían unos cuatro meses en elaborar el documento, en el que se plantearan las necesidades de la población melillense.
La consejera destacó que el jueves se ofreció a los grupos parlamentarios de la ciudad el borrador del Plan de Inclusión Social y también los indicadores elaborados por la Consejería. Todo esto se puede recoger por parte de los representantes políticos desde ayer en las dependencias de la Consejería.
Además, se ha ofrecido a estos grupos parlamentarios diez días naturales para que puedan hacer sugerencias al borrador antes de presentarlo y ofertarlo a las empresas, que deberán de haber realizado con anterioridad un proyecto de estas características para ser adjudicatarias de esta iniciativa de la Ciudad.
“A nivel parlamentario se ha decidido introducir más temas objetivos dentro del Plan de Inclusión Social de Melilla y lo que decida la comisión de Bienestar Social y Sanidad en cuanto al borrador y, además, todos los organismos que van a trabajar y colaborar con la Ciudad en este plan”, añadió Garbín.
Colaboración de entidades
La consejera destacó que para la realización del Plan de Inclusión Social van a tener que contar con la colaboración de todas las entidades, organismos y administraciones que intervienen con ayudas o proyectos en temas relacionados con los servicios sociales, desde ayudas para las viviendas al trabajo con inmigrantes, cursos de formación o subvenciones para iniciativas de asociaciones.
Garbín insistió en que la primera parte de este proyecto será la elaboración de un informe en el que se recojan todas estas ayudas, actividades y programas y quién las lleva a cabo, si se trata de una ONG, la Delegación del Gobierno o las direcciones provinciales. También se debe incluir al sector de población al que se dirigen, por ejemplo, mujeres, niños, familias, drogodependientes, reclusos o personas mayores.
“La idea es que se pidan las ofertas en el mes de diciembre para no pasar de enero y empezar a trabajar en este mes, de forma que para abril esté finalizado”, aseveró la consejera.
Una vez que esté elaborado este primer informe sobre las acciones que se llevan a cabo en Melilla en temas de servicios sociales, se extraerán las conclusiones sobre cuáles son las necesidades de la población y por lo tanto, los programas que deben marcar el Plan de Inclusión Social de la ciudad, tal y como indicó Garbín.
Además, aseguró que todas estas conclusiones se basarán en datos estadísticos, que estén en vigor y actualizados, y en el Informe de la Pobreza, que se llevó a cabo por parte de la Ciudad hace un año.
Objetivos del Plan
El Plan de Inclusión Social se basa en objetivos generales a nivel nacional que deben adaptarse y concretarse a nivel local.
Algunos de los objetivos por los que debe caracterizarse son el fomento del acceso al empleo; la promoción de prácticas de inclusión activas; garantizar y mejorar los recursos económicos mínimos; alcanzar una educación con equidad; apoyar la integración social de los inmigrantes; y garantizar la atención de las personas con dependencia.
Por otro lado, la consejera de Bienestar Social y Sanidad insistió en que el Plan de Inclusión Social de Melilla recogerá también medidas para consolidar el progreso en las áreas de vivienda, salud, inclusión en la sociedad de la información, servicios sociales y justicia. Estas acciones estarán destinadas a colectivos vulnerables, como mujeres, personas mayores, personas con discapadidad, jóvenes, infancia, familias, personas sin hogar o reclusos.
