La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado su satisfacción ante la decisión de trasladar al alumnado y profesorado de la etapa de Educación Infantil del CEIP Real al CEIP Encarna León a partir del curso 2025-2026. Esta medida responde a las demandas de familias y sindicatos, que venían denunciando desde hace meses las deficientes condiciones del edificio donde se imparte actualmente esta etapa educativa, cuya cubierta es de amianto, un material cancerígeno.
El sindicato ha reconocido el papel de la directora provincial de Educación, Elena Fernández Treviño, en la resolución de esta problemática, destacando su disposición a escuchar y atender las sugerencias planteadas por los distintos sectores afectados. Desde CSIF recuerdan que ya en noviembre de 2023 propusieron la reubicación temporal de los menores, ante los informes sobre el deterioro estructural del edificio, que presentaba humedades, riesgo de cortocircuitos y desprendimientos.
Además, aunque no se ha informado oficialmente de la existencia de riesgo por exposición a fibrocemento, ésta era otra de las preocupaciones manifestadas por la comunidad educativa.
Esta organización sindical ha dejado de manifiesto la "repercusión positiva que tiene el que todas las organizaciones afectadas vayamos unidas y trabajemos en común con las instituciones en favor de unos servicios públicos de calidad en condiciones dignas para trabajadores y usuarios".
"Esperamos que el estado de otras instalaciones de la ciudad de diverso índole, como la comisaría de la Policía Nacional, la Consejería de Bienestar Social, el pabellón Lázaro Fernández o algunos otros colegios, tengan una atención preferente respecto a su rehabilitación o reconstrucción", añade CSIF.
Meses reclamando una solución
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del CEIP Real ha sido una de las voces más activas en la reivindicación del traslado, argumentando que el estado del edificio hacía inviable seguir impartiendo clases en esas condiciones. Jessica González, portavoz del AMPA, expresó en reiteradas ocasiones la incertidumbre y preocupación de las familias, criticando que la administración educativa estuviera demorando una decisión que, según ellas, debería haberse tomado mucho antes.
En este sentido, González declaró que las familias estaban “agotadas de esperar”, ya que desde hace tiempo se venían manteniendo reuniones informativas sin llegar a una solución clara. “No entendemos por qué se insiste en hacer más reuniones cuando ya hemos manifestado claramente que lo único que queremos es que nuestros hijos estudien en un entorno seguro”, afirmó la portavoz del AMPA en una intervención reciente.
Ante esta falta de respuestas concretas, el pasado lunes se organizó una manifestación desde la Consejería de Educación hasta la sede de la Dirección Provincial, en la calle Cervantes, para exigir una solución inmediata. Decenas de familias, acompañadas por docentes y representantes sindicales, marcharon con pancartas en las que se leía “Un colegio seguro para nuestros hijos” y “No más excusas”, subrayando la urgencia de la reubicación. La protesta logró captar la atención de la opinión pública y presionar a la administración para que finalmente se tomara una decisión favorable a sus demandas.
