La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denuncia la falta de compromiso del Gobierno en la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), mientras las policías autonómicas continúan logrando importantes mejoras retributivas y laborales. La reciente renovación del convenio de la Ertzaintza, que supondrá un incremento salarial de 4.200 euros anuales, evidencia, en su opinión, el "abandono sistemático" al que se somete a los guardias civiles y policías nacionales, "perpetuando una brecha salarial" que ya supera los 10.000 euros anuales.
Para esta organización resulta evidente que el reciente acuerdo alcanzado en la Ertzaintza, tras 13 años de conflicto laboral, demuestra que "cuando existe voluntad política, las administraciones pueden ofrecer soluciones reales a los problemas de los agentes".
Mientras tanto, los guardias civiles siguen esperando que el Gobierno cumpla con el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado en 2018 y apruebe la cláusula octava, que garantizaría una auditoría externa para asegurar la igualdad retributiva con las policías autonómicas. "Sin embargo, esta cláusula sigue sin aplicarse, y la brecha salarial no deja de aumentar, profundizando una injusticia histórica que condena a los guardias civiles a trabajar en condiciones de desventaja económica y laboral", añade.
Por eso, la referida asociación profesional exige al Gobierno que "deje de mirar hacia otro lado y atienda de una vez por todas las legítimas demandas de los miembros de la Guardia Civil". "Es inadmisible que, mientras la Ertzaintza consigue mejoras salariales y laborales tras años de lucha, en la Guardia Civil sigamos con salarios inferiores, jornadas interminables y limitaciones en derechos laborales básicos".
Desde AUGC, se exige al Ejecutivo central la "inmediata activación de la cláusula octava del acuerdo de equiparación salarial, la eliminación de la brecha salarial y el reconocimiento del trabajo que realizamos en condiciones de sacrificio y riesgo constante".
La equiparación salarial y el reconocimiento de profesión de riesgo para los miembros del instituto armado, son dos de las grandes reivindicaciones de este colectivo, que comparte, además, con los funcionarios de la Policía Nacional.
