El futuro de Muface sigue siendo incierto después de que Asisa sea la única aseguradora que podría dar cobertura sanitaria al millón y medio de funcionarios y familiares que dependen de ese sistema actualmente. Asisa se queda como única candidata en el contrato público después de que DKV anunciara este pasado jueves su decisión de no presentarse al concurso convocado por el Gobierno de Sánchez.
Lo cierto es que Asisa aún no ha decidido cuál va a ser su postura ante este asunto de Muface. Según afirman desde la asegurdora, que siguen analizando los pliegos de condiciones y cómo es la financiación de los distintos tramos de edad.
"Por primera vez desde la creación de las mutualidades, DKV no estará entre las aseguradoras que prestan servicio a los mutualistas nacionales, tras acumular en el último concierto pérdidas, antes de impuestos, de más de 70 millones de euros", asegura.
DKV calcula que, de continuar prestando el servicio, por efecto de la normativa contable IFRS 17 en el año 2024 tendría que imputar las pérdidas del nuevo contrato y estima que éstas serían superiores a las del anterior concierto, de entre 70 y 100 millones de euros.
Según ha publicado la agencia EFE, DKV afirma que el modelo de Muface está "infrafinanciado" y dice que en el último concierto el gasto de prestaciones médicas ha sido sustancialmente superior a la prima que ha recibido.
Además, ha recordado que el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y de las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido sólo un 31,6%, es decir apenas la mitad del incremento del gasto.
DKV ha manifestado que la propuesta de nuevo concierto no sólo no recoge los requisitos que reclamó, como que el convenio tuviera una duración de un año, la prima se incrementara un 40 % y que el modelo se vinculara con el aumento que experimente el gasto sanitario público, sino que sigue siendo insuficiente para equilibrar ingresos y gastos.
Entre el 1 y el 31 de enero, los mutualistas pueden solicitar el cambio al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) -servicios públicos de salud de comunidades autónomas e Ingesa en Ceuta y Melilla- en cumplimiento del convenio suscrito con ese organismo.
Si finalmente se logra un nuevo concierto, desde el momento en que esté vigente y hasta la fecha que se disponga se abrirá un segundo plazo para cambiar del servicio de salud autonómico a una entidad o entidades concertadas que sean adjudicatarias del servicio.
Hay que recordar que ninguna aseguradora se presentó a la primera licitación del convenio de Muface, que quedó desierto el pasado 5 de noviembre por primera vez en la historia por considerar insuficiente la subida de las primas del 17% propuesta por el Gobierno, que posteriormente la elevó al 33,5 % en una segunda convocatoria.
A la espera de que se resuelva la licitación, el Gobierno ha dictado una orden de continuidad para garantizar el servicio a los 1,5 millones de mutualistas en las condiciones actuales durante los próximos tres meses, con una partida prevista de 343 millones de euros.
Demanda contra Muface
Por su parte, CSIF se plantea emprender acciones legales contra Muface si no se garantiza la asistencia sanitaria a los mutualistas. El sindicato ha anunciado que asesorará a sus afiliados mutualistas para emprender acciones legales "para la defensa de los derechos e intereses de los mutualistas y el resarcimiento de daños y perjuicios".
Con la salida de Adeslas y DKV, Asisa es la única aseguradora en concursar por el sistema de cobertura sanitaria para los funcionarios de Muface, una situación que el sindicato considera insostenible la situación y de la que culpa al Gobierno por "faltar al respeto a los trabajadores públicos".
También exigen una convocatoria urgente del Consejo General de Muface para analizar la situación y las posibles vías de solución para garantizar la atención sanitaria del colectivo de funcionarios en esta mutualidad.
CSIF señala que es el Gobierno el que debe hacer cumplir el contrato a las entidades concertadas y acusa al ministro de Función Pública, Óscar López, de trasladar un falso mensaje de tranquilidad a menos de una semana para que concluya el plazo de la licitación.
El sindicato no descarta otras medidas de presión como movilizaciones, paros y huelgas en defensa de este modelo de cobertura sanitaria.
