El Pleno de la Asamblea aprobó ayer el nuevo pliego de condiciones para la contratación mayor por cuatro años del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), que lleva pendiente desde hace ya muchos meses. Lo recordó la consejera de Política Social y Salud Pública, Randa Mohamed, quien manifestó que en julio de 2023 el Gobierno Imbroda, recién llegado a estas responsabilidades públicas, se dio cuenta de que la delegación de competencias del Imserso a la Ciudad Autónoma para desarrollar esa labor iba a caducar tres meses después sin que, hasta ese momento, se hubieran mantenido siquiera conversaciones para la continuación de esta atención que requieren, fundamentalmente, personas de edad, muchas de ellas grandes dependientes.
Es decir, no había nada que permitiera continuar ofreciendo ese servicio, imprescindible para cientos de mayores melillenses, cuya higiene incluso personal, entre otras cosas, depende del trabajo de esas mujeres, grandes profesionales que en su día a día ayudan a uno de los sectores más débiles y vulnerables de nuestra sociedad.
El caso es que el equipo de Políticas Sociales y Salud Pública se puso manos a la obra, no sin que mediaran dificultades en las relaciones con el Imserso, algo increíble y que está fuera de toda lógica cuando está en juego el bienestar de nuestros mayores. Independientemente de que ese organismo público pusiera trabas en el camino para llegar a un pliego de condiciones que permita la contratación de la empresa que se encargue de la labor, lo que es un hecho incuestionable es que Melilla no recibe, ni de lejos, la financiación que se precisa para sostener el sistema.
La propia Randa Mohamed explicaba en el Pleno de la Asamblea que el Imserso se limita poner sobre la mesa 730.000 euros cuando el presupuesto total del servicio es de algo más de 14,3 millones de euros para los próximos cuatro años. La cuenta para saber lo que aporta el Gobierno de España es muy sencilla y establece que el Ministerio solo cubre un 5,1% del total de lo que cuesta la ayuda a domicilio.
Melilla se ve así obligada a tener que cubrir financieramente competencias que no le son propias, que le son delegadas. De lo contrario, habría que ver qué tipo de servicio prestaría el Imserso con 730.000 euros de presupuesto.
En cualquier caso, este Gobierno actual en la Ciudad Autónoma ha incrementado el coste de la ayuda a domicilio en un 130%, pasando de 7,8 millones a 14,3 para llegar a las 144.000 horas de trabajo anual con esas personas de edad. Esa subida en el precio del contrato va a permitir no solo el mantenimiento de 33 puestos de trabajo sino, además, la ampliación de los servicios, considerados esenciales, como peluquería, podología, enfermería y lavandería, que antes no estaban incluidos en el pliego de condiciones.
Incluso se ha previsto otra ayuda que hasta ahora no se ha tenido en cuenta pero que resulta de interés para los usuarios del servicio. Se trata de contar con personal que pueda realizar pequeñas reparaciones caseras, como la rotura de un grifo y otras cuestiones menores que ellos por sí solos no son capaces de llevar a cabo. En definitiva, una atención muy pegada a la realidad de los mayores que pone de manifiesto la sensibilidad de la Ciudad Autónoma hacia ese colectivo.
