Es la opinión del magistrado Álvaro Salvador que abrió ayer las Jornadas de Derecho y Administraciones Públicas.
En la tarde de ayer se iniciaron la primera de las Jornadas de Derecho y Administraciones Públicas, cuya inauguración corrió a cargo del vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín, y el decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda. El primero de los ponentes en participar fue el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla, Álvaro Salvador, sobre ‘Los delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones’.
En este sentido, afirmó que en Melilla “no tenemos una mala función pública ni políticos que cometan delitos”, tales como la prevaricación, el cohecho, la malversación de caudales públicos o el tráfico de influencias, “salvo casos muy puntuales”, dijo.
Preguntado sobre la percepción social de la “impunidad” que tienen este tipo de delitos, el magistrado afirmó que es una sensación “equivocada”, ya que la última modificación del Código Penal impone penas “más severas” y la legislación vigente “establece los mecanismos necesarios para que, en casos de robo de dinero, éste se reintegre”.
En relación a un aumento de este tipo de delitos, Salvador afirmó que los análisis jurisprudenciales “dicen” que “han bajado, pero sí es cierto que los medios de comunicación y el acceso a la información hace que lleguen más a la gente y se potencie también el juicio paralelo como está ocurriendo con el caso de Marta del Castillo”.
A su ponencia le siguió la del magistrado del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Melilla, Silvestre Martínez, quien disertó sobre ‘La jurisdicción Contencioso Administrativa tras la Ley de Medidas de Agilización Procesal’.
Por último, el magistrado del Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Juan Carlos Fernández Aguirre, habló sobre ‘La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública’, de la que hizo un repaso desde sus inicios tempranos en la mitad del siglo XIX hasta nuestros días en los que esta responsabilidad patrimonial “se ha extendido en todos los ámbitos”.
En este sentido, Fernández Aguirre hizo también una crítica a cómo la doctrina ha visto el desarrollo de la responsabilidad patrimonial, considerando que “se concibe de manera desmesurada, se ha pasado de cero al infinito y tiene que estar acotada de alguna manera”.
No obstante, afirmó que la legislación española en relación a la responsabilidad patrimonial es una de las más “avanzadas” de toda Europa, y aunque existen “agujeros y huecos”, dependiendo del tipo de administraciones, “las inmunidades del poder están muy acotadas hoy día”, aseveró, ya que se trata de “un instrumento legal poderosísimo”.
