Los presidentes autonómicos acudirán este viernes a la XXVII Conferencia de Presidentes que se celebrará en Santander con posiciones alejadas en asuntos claves como la reforma de la financiación autonómica o la inmigración y escépticos ante la posibilidad de cerrar acuerdos, dado el formato de la cumbre.
El cónclave, presidido por el jefe del Ejecutivo, comenzará con un encuentro con el rey Felipe y será después, tras sendas declaraciones institucionales de Pedro Sánchez y de la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, cuando comenzará el plenario.
Salvo el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que será sustituido por Miguel Marín, todos los dirigentes autonómicos han confirmado asistencia a la cita, pero la mayoría de los focos estarán en la madrileña, Isabel Díaz Ayuso, la única que decidió no participar en la ronda de contactos organizada por Sánchez en la Moncloa.
Es, además, la primera vez que Imbroda no acude a este órgano de representación de las autonomías españolas.
Ayuso y Sánchez han coincidido en algún acto institucional, pero no se reúnen desde la Conferencia de Presidentes de La Palma, celebrada en marzo de 2022. Su último encuentro bilateral se remonta a julio de 2021.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aseguró este martes tras el Consejo de Ministros que quieren una reunión constructiva, aunque fuentes del Ejecutivo dudan de que la cita acabe con éxito y responsabilizan de ello a la actitud mostrada hasta ahora por el PP.
Este partido, sin embargo, cuestiona que el Gobierno vaya a Santander con voluntad de acuerdo. Algunos de sus presidentes auguran que la cumbre puede quedar en una "suma de monólogos" y critican que apenas ha habido trabajos previos.
El canario Fernando Clavijo se ha mostrado escéptico sobre la posibilidad de llegar a grandes consensos cuando cada presiente contará con diez minutos para abordar temas de mucho calado y el Gobierno de Castilla-La Mancha echaba en falta este miércoles un documento previo que sirva de punto de partida para el debate.
Sobre la mesa, además de la financiación autonómica y la inmigración estará la falta de personal sanitario y la vivienda, el tema en el que quería centrar la cumbre el Gobierno central.
La inmigración es el caballo de batalla de Canarias, que pedirá a todas las comunidades apoyo para reformar el artículo 35 de la ley de Extranjería y lograr un reparto equitativo de los menores extranjeros no acompañados. No confía en tener éxito, pero Clavijo llevará un texto que, según ha asegurado, aúna lo pactado con el Gobierno de España y "el 95 %" de las peticiones" del PP en las negociaciones.
Este jueves estará en Vitoria para reunirse con el lehendakari, Imanol Pradales, quien quiere consensuar una propuesta conjunta para un reparto "equitativo, equilibrado y solidario", recordando que el País Vasco es frontera norte y que Vizcaya vive una situación de "excepcionalidad".
Pero hay comunidades, como la de Baleares, que ya avisan que han rebasado con creces su capacidad de acogida.
El presidente catalán, Salvador Illa, ha señalado que va a "defender y explicar" en la reunión el acuerdo alcanzado con ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular, pacto que cuenta con el rechazo frontal de los barones del PP y que ha sido criticado también por el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page.
El socialista Page focalizará su intervención en este punto para exigir un modelo en el que "no haya privilegios" y que blinde la igualdad en el acceso a los servicios públicos.
Los populares subrayan la necesidad de una reforma urgente del sistema y exigen que toda negociación será multilateral, aunque cada comunidad pone sobre la mesa sus peculiaridades, de la insularidad y la población flotante que implica el turismo -elementos que Baleares pide tener en cuenta- a la dispersión de los municipios o el envejecimiento, claves para Castilla y León.
El aragonés Jorge Azcón quiere un fondo de compensación por despoblación, mientras que el andaluz Juanma Moreno y el murciano Fernando López Miras reclamarán que, mientras se cierra la necesaria reforma del sistema, se cree un fondo transitorio para las comunidades infrafinanciadas, grupo en el que se incluye también a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
El orden del día incluye el déficit de personal sanitario y varios presidentes autonómicos, como la extremeña María Guardiola o el gallego Alfonso Rueda pondrán sobre la mesa la necesidad de recursos adicionales si los mutualistas se incorporan a la sanidad pública.
La presidenta navarra, María Chivite, pedirá además que se acelere la homologación de títulos universitarios extranjeros, mientras que Melilla aspira a asumir la gestión de la sanidad pública.
Todos los presidentes coinciden en que el de la vivienda es uno de los problemas prioritarios para los ciudadanos.
El Gobierno acude con la promesa de crear una empresa pública de vivienda y las comunidades gobernadas por el PP esperan conocer detalles.
Andalucía abogará por un pacto de Estado, apostando por la colaboración entre administraciones para poner suelo a disposición y Navarra, cuyo gobierno ha comenzado el proceso de declaración de zonas tensionadas en 21 municipios, defenderá la intervención en el mercado de la vivienda, pero consciente de que no es la panacea.
